Entrevista: Enrique Chávez
Mientras el escenario político está marcado por la incertidumbre y la confrontación, el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, asegura que la economía peruana está operando en una lógica distinta. En esta conversación con CARETAS, detalla el avance del llamado “shock de desregulación”, la reforma al sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP), la estrategia de destrabe de inversiones mediante adendas, y la ambiciosa cartera de proyectos de irrigación que busca disparar las agroexportaciones. Todo en un contexto donde, según Salardi, la confianza empresarial va en subida.
¿En qué va el anunciado shock de desregulación?
Hemos tenido reuniones con gremios de todos los segmentos, desde grandes empresas hasta mypes. Estamos afinando el primer paquete de medidas para el 31 de marzo. Algunas medidas ya están listas y otras se trabajarán en las siguientes semanas. Hay propuestas que requieren incluso cambios legales y las vamos a presentar al Congreso. Esto se suma a medidas que ya se han implementado, como la extensión del drawback y la eliminación del tope para obras por impuestos.
Por ejemplo, estamos simplificando trámites que impactan directamente a los productores del agro, eliminando duplicidades en las inspecciones sanitarias. También se está revisando el régimen de permisos en sectores como pesca, minería y construcción, donde hay exigencias que terminan retrasando inversiones sin mayor justificación técnica.
¿La revisión regulatoria es multisectorial?
Totalmente. Hay normas que se han acumulado con el tiempo y que afectan la operatividad en diversos sectores. Estamos trabajando con las mesas ejecutivas y pronto relanzaremos el Consejo de Competitividad con una nueva dirección para abordar estos temas de fondo. Vamos a lanzar además una plataforma digital para que cualquier ciudadano o empresa pueda reportar barreras burocráticas. La idea es construir un Estado más ágil y funcional.
Más allá de los Proyectos de Inversión Pública, el gobierno está apostando por las APP por encima del Gobierno a Gobierno (G2G). ¿Por qué?
Porque permiten financiar grandes proyectos sin cargar el fisco de forma inmediata. En G2G, el gasto es durante la ejecución; en APP, se paga a lo largo de 15 años. Por eso, gran parte de los más de 20 mil millones de dólares en proyectos identificados en irrigación irán por esa vía. La estrategia es tener sostenibilidad fiscal y financiera, pero también acelerar el cierre de brechas.
Y las APP también permiten atraer tecnología y experiencia internacional. Por ejemplo, en proyectos ferroviarios o portuarios donde operadores extranjeros aportan estándares que muchas veces no tenemos en el país. Si tienes en cuenta la brecha que tenemos como país, es mejor apalancar más APP porque te permite entrar en más proyectos en simultáneo. En el caso del MTC tienes muchos proyectos que van a madurar todos a la vez, lo que va a generar una demanda fuerte de recursos del fisco que va a ser difícil de atender. Tenemos que ir con una mirada estratégica, porque todos los proyectos son necesarios para cerrar la brecha, pero hay que hacerlo fiscal y financieramente sostenible. En una APP bien diseñada el riesgo es compartido y el operador privado tiene incentivos para cumplir con los plazos y la calidad de servicio. Además, las APP permiten un mayor dinamismo del ecosistema financiero y productivo local, desde los bancos hasta las proveedoras.
La meta: llevar las agroexportaciones de USD 13 mil millones a 50 mil millones en 10 años.
¿Hay reforma de fondo para el sistema de APP?
Sí. Estamos trabajando con el Congreso una reforma integral. Ya la próxima semana anunciaremos medidas internas importantes. Por ejemplo, las APP ya no pasarán por el Invierte.pe como si fueran proyectos de inversión pública. Queremos procesos más ágiles y adaptados a la naturaleza del contrato. Además, ProInversión asumirá todo el ciclo de las APP como concedente, desde la promoción hasta la administración del contrato. Esto reducirá marchas y contramarchas.
También vamos a revisar el reglamento de adendas para que no haya más cuellos de botella y evitar que la burocracia impida renegociaciones necesarias. Lo que queremos es agilidad con transparencia.
¿Qué papel juegan las adendas en este proceso de destrabe?
Clave. Estamos proyectando firmar este año adendas por más de 10 mil millones de dólares. Hay adendas importantes en puertos como Matarani y el Callao, en aeropuertos del norte, en el sistema de energía para Loreto y para la Panamericana Sur. Hemos convocado a concesionarios para identificar nuevas propuestas y estamos recibiendo bastantes. Black Rock, el fondo de inversión más grande del mundo, está muy interesado en invertir en el Perú.
Una de las más relevantes será la que permita cerrar el financiamiento del terminal portuario de Chancay, que es clave para el comercio con Asia. En ese sentido, estamos en coordinación con la Cancillería y con empresas chinas para destrabar cualquier pendiente.
¿Y qué pasa con el gas del sur?
Estamos trabajando dos frentes: uno, llevar el gas por la costa, y otro, un esquema directo hacia Cusco. En los próximos días se firmará el encargo a ProInversión para desarrollar la APP. Queremos darle celeridad con el nuevo marco que estamos impulsando.
Además, se está avanzando con la masificación del gas natural en el norte y en ciudades intermedias como Huancayo o Ayacucho. La idea es que el gas deje de ser un privilegio limeño.
El MEF ha ajustado la proyección de crecimiento a 3.4% este año. ¿En qué se basa esa proyección?
En el impacto de estas medidas: destrabe, nuevas adendas, desregulación, inversiones en agro e infraestructura. Tenemos un buen entorno de precios, una pesca que promete, y un agro que podría crecer 7% este año. Además, las expectativas empresariales se mantienen positivas. No es solo optimismo, hay fundamentos que lo respaldan.
En enero, la inversión pública creció más de 50% respecto al mismo mes del año pasado. Y ya hay señales de recuperación en sectores como manufactura no primaria. Incluso el turismo ha empezado a mostrar dinamismo en el sur, a pesar de las dificultades.
La meta: llevar las agroexportaciones de USD 13 mil millones a 50 mil millones en 10 años.
Todos los actores importantes como el BCR ya vienen ajustando sus proyecciones hacia arriba.
¿La economía está desconectada del caos político?
La economía peruana ha demostrado una enorme resiliencia. Hoy hay confianza del sector privado, incluso en medio del ruido político. Las inversiones de largo plazo no se detienen y la relación entre el MEF y los empresarios es muy fluida.
Estamos en permanente coordinación con los gremios. Yo mismo he visitado plantas agroexportadoras, centros mineros, ferias de mypes. Hay ganas de invertir, lo que necesitamos es no estorbar.
¿Las medidas de Trump nos pueden afectar?
Estamos preparados para cualquier escenario, pero de momento no vemos un riesgo directo. Muchos de los productos que exportamos a EE.UU. no compiten con los que produce su agroindustria como el maíz y la soya. Además, seguimos abriendo mercados: vamos a negociar un convenio de doble tributación con Emiratos Árabes, por ejemplo.
Estamos mirando mucho a Asia y Medio Oriente. Acabamos de terminar una misión a Indonesia y Corea. El objetivo es diversificar los destinos de exportación y atraer inversión extranjera directa.
¿Alguna otra prioridad inmediata?
La cartera de proyectos de irrigación por más de 20 mil millones de dólares. Son más de 20 proyectos que podrían generar dos millones de empleos y llevar nuestras agroexportaciones de 13 mil a 50 mil millones de dólares en los próximos diez años.
Ya hay iniciativas listas para salir como Chavimochic III, Chinecas, Majes-Siguas y Alto Piura. Y estamos priorizando también proyectos en la selva para diversificar cultivos, con enfoque sostenible.
