En el marco de la 62° edición de CADE Ejecutivos 2024, se desarrolló la sesión “Formalización y seguridad: propuestas de los trabajadores y empresarios”, cuyo objetivo fue presentar compromisos y avances concretos de la iniciativa de empresarios y trabajadores para luchar contra la delincuencia y promover la formalización laboral en beneficio de todos los peruanos.
Al respecto, Camila Bozzo, jefa de Análisis Político del SAE de Apoyo Consultoría, conversó con Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Luis Villanueva, Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP); y Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).
Durante la sesión se presentó al Comité de contra la delincuencia y por la paz y las propuestas que se han trabajado de forma conjunta para combatir la inseguridad ciudadana que afecta a los negocios y familias del país. Adicionalmente, se presentaron propuestas elaboradas de manera conjunta entre gremios empresariales y representantes de los trabajadores para reducir la informalidad laboral en el Perú.
Sobre la informalidad
Bozzo recordó que el Perú destaca en el mundo por sus niveles de informalidad y la alta resiliencia que caracteriza a esa informalidad.
Bustamante señaló que para avanzar en la transición hacia la formalidad se requiere bajar los costos para acceder a la informalidad, reducir las barreras burocráticas que restringen el clima de negocios, entre otras medidas. Trajo a colación que los costos de ser informal son muy altos e impide crecer.
Zapata destacó la importancia de generar espacios donde se puedan lograr consensos y trazar una ruta a largo plaza para reducir la informalidad progresivamente. Indicó también que se requieren generar políticas de Estado y no políticas de gobierno; para lo cual es necesario también propiciar confianza entre los diferentes actores de la sociedad.
Por su parte, James propuso mejorar el ambiente de negocios a fin de poder atender la demanda de trabajo de los jóvenes. En ese sentido, se necesita simplificar la carga regulatoria laboral; unificar la legislación laboral en un código y consolidar los regímenes tributarios a empresas y personas en un solo régimen progresivo.
También consideró necesario habilitar una ventanilla única descentralizada para la formalización de empresas; desarrollar soluciones tecnológicas para realizar los trámites requeridos a fin de formalizar empresas; alinear la oferta y demanda de empleo, incluyendo en la formación académica competencias y calificaciones demandadas por sector productivo; crear incentivos tributarios para impulsar capacitación laboral; entre otras medidas.
A su turno, Villanueva resaltó la importancia de una acción conjunta entre trabajadores, empresarios, la academia y el Estado, la cual propicie un espacio institucionalizado, reconstruyendo la estrategia que se sigue, evaluando la introducción de beneficios para la contratación de trabajadores formales, y promoviendo la capacitación. Además, destacó la necesidad de mejorar la fiscalización laboral, potenciando las metodologías de detección de informalidad, con una fiscalización proactiva. También enfatizó el rol de la academia, la investigación y el desarrollo de tecnología.
Sobre seguridad ciudadana
Con respecto a la combatir la inseguridad ciudadana, Bozzo llamó la atención sobre los elevados niveles de extorsión y otros delitos sobre inseguridad ciudadana a nivel nacional. Indicó que la inseguridad impacta la cotidianidad de los ciudadanos y la economía del país, pues tiene un costo de 2.2% del PBI.
Por su parte, Bustamante indicó la necesidad de que exista voluntad política en todos los poderes del Estado; especialistas en las diferentes disciplinas (por ejemplo, médicos legistas, entre otros); y trabajos de inteligencia.
Añadió que también se requiere fortalecer al Grupo GRECCO y destinar un porcentaje de la capacidad de las Fuerzas Armadas al patrullaje en zonas críticas. También propuso exigir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que cuente con registros idóneos para los sindicatos; promover los mecanismos de obras por impuestos (OXI) y asociaciones público-privadas (APP) para implementar centros de flagrancia, comisarías y penales; controlar puntos críticos del comercio e insumos de las economías ilegales; y una mayor trazabilidad y fiscalización en la cadena de valor de la minería ilegal.
James consideró relevante modernizar la Policía Nacional del Perú con tecnología de vigilancia, así como el incremento de presupuesto para aumento de efectivos policiales, adquisición de vehículos y equipos; mejorar la tecnología de bloqueo de celulares en los centros penitenciarios; la construcción de cárceles de máxima seguridad a través de mecanismos de financiamiento de obras por impuestos (OXI); fortalecer el control de fronteras para evitar ingreso de indocumentados; ente otras medidas.
Por su parte, Villanueva enfatizó que se requiere de voluntad política con un plan de trabajo que vigorice la inteligencia policial y los suficientes recursos que se destinarán de la forma más rápida y eficiente, bajo un esquema de colaboración público-privada. El dirigente resaltó que la inversión privada es importante y debe ser acompañada por una cultura de diálogo. Detalló que, en el sector construcción, existe un trabajo conjunto entre empresarios y trabajadores para combatir la delincuencia en este rubor económico.
En esa misma línea, Jorge Zapata detalló las experiencias de éxito en el sector construcción gracias al trabajo coordinado entre trabajadores y empresarios. “Es una plataforma que permite tener una voz mucho más potente”, indicó.
“Hemos visto que el Estado no ha estado funcionando. Si el Estado está fallando es porque los políticos están fallando. La sociedad civil organizada debe poner la voz sobre las cosas que se hacen mal y saludar aquellas que se hacen bien (…) La sociedad civil organizada es la que debe sacar adelante al país”, concluyó Zapata.
Por último, se dio a conocer una propuesta de ley, que es una iniciativa puntual gestada en el marco de CADE Ejecutivos. Esta propuesta tiene por objetivo lograr avances en ambos frentes –delincuencia e informalidad laboral–. Cabe indicar que esto será parte del seguimiento posterior a la culminación de esta edición del foro empresarial.