En el tercer y último día de la 62° edición de CADE Ejecutivos, se llevó a cabo la sesión “Reforma del sistema de justicia”, con el objetivo de considerar la urgente mejora del funcionamiento y eficacia del sistema judicial para asegurar que la justicia se administre de manera más equitativa, eficiente y accesible en el Perú.
En esta sesión participaron Natale Amprimo, socio principal de Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados; Jaime de Althaus, presidente de Lampadia; Gladys Echaíz, congresista de la República del Perú; y Giovanni Priori, abogado y profesor de Derecho Procesal en la PUCP.
Durante la sesión, se abordó la necesidad de realizar una reforma de la Corte de Suprema de Justicia y el sistema de administración de justicia a fin de alcanzar una justicia célere, proba, oportuna y efectiva, lo cual incluye, entre otros, poner énfasis en el expediente digital, la oralidad civil, la flagrancia y la reforma de los códigos procesales. También se destacó la reforma del nombramiento de magistrados para asegurar su calidad; y la relevancia de la función pública a fin de atraer el mejor talento al Estado y tener capacidad de respuesta frente a los desafíos que vivimos como país.
Además, se presentó una serie de propuestas para superar la situación crítica que vive el Perú.
En su presentación, Althaus criticó la existencia de una cantidad excesiva de personal temporal o provisional en el sector judicial (jueces y fiscales) y, por el contrario, que se requiere pasar a un sistema de funcionarios titulares o estables. También resaltó los beneficios que generan el expediente judicial electrónico y la oralidad civil; destacó la importancia de mejorar los procesos ante delitos en flagrancia; y detalló las recomendaciones que ha dado la OCDE para el sector de justicia en el Perú; entre otros aspectos clave.
La congresista Echaíz indicó que ante la necesidad de contar con jueces y fiscales que tengan altos niveles de independencia, eficiencia y probidad se requiere crear una escuela especializada para estos profesionales, pues el actual sistema de selección, capacitación y nombramiento implementado en 1971 no logra este objetivo.
Amprimo señaló que el problema principal del sistema de justicia en el Perú no es normativo; es decir, no se trata de modificar artículos, códigos, entre otros. El principal problema es el elemento humano, ya que hoy los estudiantes de Derecho no aspiran a ser jueces, como sí pasaba antes. De ahí que para el experto el cambio se debe centrar en generar programas atractivos para que el talento desee formar parte de la judicatura.
A su turno, Priori enfatizó que cuando se habla de “justicia civil” se está hablando de la protección de los derechos de todas las personas; y es necesario traer este tema a la agenda pública. “La economía y la sociedad peruana han cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Sin embargo, el ordenamiento jurídico que se dedica a la protección de los derechos no lo ha hecho”, remarcó el especialista.
