Recientemente se han mezclado el wantán frito y la hamburguesa para terminar abordando un asunto especialmente relevante: el megapuerto de Chancay y la soberanía del Perú. La metáfora culinaria no es casual. Resume, con ironía, el cruce de intereses entre dos potencias que hoy disputan influencia global y que encuentran en nuestro territorio un punto estratégico de proyección económica y geopolítica.
Hagamos un breve repaso. A fines del año pasado, el Gobierno de Estados Unidos hizo pública su estrategia de seguridad nacional. Entre lo más importante, destacó que América Latina pasaba a ocupar un lugar prioritario dentro de su agenda estratégica. Al combinar la punitiva visión de Donald Trump con la histórica doctrina Monroe, el mensaje fue inequívoco: ningún país latinoamericano debería afectar los intereses estadounidenses. Más aún, el documento sostuvo que la seguridad norteamericana se situaba por encima de cualquier consideración de soberanía regional y que, de ser necesario, se recurriría al uso de la fuerza. En síntesis, la lógica del más fuerte sobre las reglas.
En ese mismo documento, se hizo referencia a la influencia extranjera considerada adversaria en puertos, instalaciones militares e infraestructura crítica. La posición fue categórica: tales espacios deben alinearse con los objetivos estratégicos de Estados Unidos, promoviendo mecanismos que aseguren dicha primacía. Traducido al lenguaje llano, la hegemonía en infraestructura sensible es vista como condición indispensable para la seguridad estadounidense.
En ese contexto aparece el puerto de Chancay. Hace algunas semanas, un juez de primera instancia acogió una acción de amparo presentada por la empresa titular del puerto —cuyo capital es mayoritariamente de origen chino— y declaró que el órgano supervisor peruano no estaba facultado para ejercer control sobre determinadas actividades del terminal. La decisión no es firme y ha sido apelada por el Estado. Sin embargo, provocó una reacción oficial del Gobierno estadounidense, que no dudó en calificar a China como actor depredador y advertir que el financiamiento barato puede costar soberanía. Aquí conviene detenerse en el concepto. La soberanía es el poder supremo y autónomo del Estado para ejercer autoridad sobre su territorio y su población, sin admitir injerencias externas. Un principio básico del derecho internacional que no debe manipularse según conveniencias coyunturales.
No es exacto afirmar que una decisión judicial —provisional y sujeta a revisión— constituya, por sí misma, una pérdida de soberanía. Una controversia regulatoria no equivale a abdicar del poder estatal sobre el territorio nacional, incluido el espacio físico que ocupa el puerto. El Perú mantiene intactas sus competencias constitucionales y su capacidad de decisión.
Lo verdaderamente inquietante es la doble vara con la que se invoca la soberanía. Se condena la presencia china como amenaza, pero se naturaliza la pretensión de primacía estadounidense en nombre de la seguridad hemisférica. Garrote para quienes no se alinean; zanahoria para quienes aceptan la tutela. El debate sobre Chancay no debería reducirse a una pugna entre potencias. Debe centrarse, más bien, en cómo el Perú fortalece sus instituciones, asegura reglas claras y ejerce su soberanía con responsabilidad y autonomía. Ni sumisión ni improvisación: Estado firme, derecho respetado y visión estratégica propia.
*Abogado y fundador del Foro Democrático