Analicemos algunos datos concretos. Al iniciarse el año 2016, hace una década, un dólar costaba S/3,38. Este pasado 1 de enero, el precio era de S/3,36. En la práctica, lo mismo. En ese mismo lapso, es decir, 2016-2026, el Perú ha tenido ocho presidentes de la República; y está a punto de elegir uno nuevo. Una anomalía difícil de encontrar en otras democracias.
Algo más: durante esos mismos diez años, la informalidad laboral se ha mantenido, más o menos, en alrededor del 80 %. Es decir, ocho de cada diez peruanos trabajan al margen de la ley.
¿Cómo explicar que, en ese mismo tiempo, el Perú haya mantenido prácticamente igual el precio del dólar, haya tenido ocho presidentes y la informalidad continúe sin cambios sustantivos?
Una respuesta verosímil es que en el Perú operan dos circuitos distintos: el económico, que funciona razonablemente bien —aun con las evidentes carencias sociales—; y el político, que funciona mal o simplemente no funciona. Un cortocircuito institucional. La teoría de las cuerdas separadas.
Paradójicamente, ese divorcio tiene un efecto desconcertante, y es que, por el momento, evita un colapso mayor. Basta repasar la historia reciente del país para acreditar que la combinación de inestabilidad política y desastre económico produce dramáticas consecuencias.
Hoy el Congreso mantiene niveles crónicos de impopularidad, la clase política aparece fragmentada y carece de legitimidad, y el sistema es incapaz de articular mayorías estables para impulsar reformas mínimas. En los hechos, la política se convierte en un mecanismo que absorbe el conflicto visible. Por eso mismo, por su propia precariedad, puede cambiar presidentes con sorprendente rapidez sin que ocurra nada.
La verdadera ancla de la estabilidad reside en la fortaleza del marco macroeconómico. El Banco Central de Reserva mantiene credibilidad, preserva la estabilidad cambiaria, controla la inflación, y —lo que es fundamental— actúa con independencia del poder político.
Un factor social adicional para mantener la situación y evitar el descalabro, aunque parezca contradictorio, es la informalidad, que actúa como un amortiguador. Millones de peruanos operan en mundos económicos paralelos que reducen la dependencia de los servicios estatales. Se trata de una resiliencia ciudadana que explica por qué el deterioro institucional no se traduce automáticamente en crisis macroeconómica. El informal sobrevive al margen del Estado.
Sin embargo, este esquema de desvinculación entre política y economía no debe confundirse con salud estructural. La desconexión tiene límites: el clamor de la gente ante la inseguridad ciudadana y la impostergable exigencia de resolverla, así como la posible pérdida de credibilidad internacional (qué medidas adoptará el próximo gobierno a elegirse ante las inevitables derivaciones de la actual guerra en Oriente Medio, por ejemplo), constituyen riesgos reales. Hay una enorme fragilidad en el mecanismo de las cuerdas separadas, que parece estable, pero no es sostenible.
La pregunta entonces no es si el modelo puede sobrevivir a otro cambio presidencial. La pregunta es cuánto desgaste institucional puede acumularse antes que ambos circuitos —el político y el económico— dejen de operar por separado y comiencen a colapsar juntos.
Y una última interrogante: ¿estarán los candidatos presidenciales realmente conscientes de este fenómeno?
*Abogado y fundador del original Foro Democrático.