Eduardo Bruce Montes de Oca
El avance imparable del crimen organizado y la inacción del Estado
Nunca antes la violencia contra la vida había afectado tanto a la población civil inocente en el Perú. A lo largo de la historia, hemos vivido episodios de violencia desde los primeros años de la República, cuando quienes aspiraban al poder se enfrentaban entre sí. La insanía de Sendero Luminoso y el MRTA golpearon principalmente a las fuerzas del orden y la población de la sierra en el siglo pasado. Sin embargo, en la actualidad, la criminalidad organizada no solo extorsiona a distintos sectores de la actividad económica, sino que usa el asesinato y el sicariato como método de intimidación y para eliminar a sus rivales, dejando una profunda y amarga huella en la ciudadanía. Para colmo, no estamos frente a unas pocas mafias que podrían ser identificadas y desarticuladas; nos enfrentamos a numerosas bandas fragmentadas, sin una estructura clara a la que se pueda combatir directamente. A esta situación hay que añadir la violencia que la minería ilegal el narcotráfico genera.
El gobierno no actúa como debería debido a la ineficiencia y la rampante corrupción. Recurre al inútil y mentiroso intento de demostrar con cifras absurdas que la guerra contra el crimen se está ganando.
Está bien censurar ministros y exigir al Poder Judicial y al Ministerio Público que trabajen coordinadamente con el Ejecutivo y evitar enfrentamientos estériles. Pero lo más probable es las autoridades no hagan nada. Seguirán en sus pequeñas rencillas y agresiones, dejando a la población desamparada.
Que el homicidio, el sicariato y la extorsión hayan surgido con fuerza en la actividad delincuencial no debería sorprendernos. Esto ha ocurrido en todos los países cuya economía ha superado el nivel de subsistencia, generando excedentes económicos en la pequeña y mediana empresa que los delincuentes buscan explotar.
Ocurrió en Europa, incluyendo a Inglaterra, cuando la Revolución Industrial creó una burguesía que acumulaba riqueza en actividades empresariales y comerciales. Sucedió en Estados Unidos cuando la inmigración a principios del siglo pasado fomentó el auge de una clase media emprendedora con capacidad económica. En Italia, la mafia —como la Camorra en Sicilia— se fortaleció en un contexto similar, al igual que en Colombia con el auge del narcotráfico. Ahora, esta plaga nos ha alcanzado a nosotros, en parte porque contamos con una clase media que, en lo que va de este siglo, se ha consolidado como generadora de rentas y bienestar. Nos ha tocado, y debemos afrontarlo.
Pero censurar a ministros y pedir reformas a la Policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público por sí solas no es la solución. A la ciudadanía le corresponde forzar a estas instituciones a cambiar, utilizando el poder que la democracia representativa otorga a los ciudadanos. Los medios de comunicación —tanto formales como virtuales— tienen el rol de orientar a la ciudadanía para que, de cara a las próximas elecciones, dirijan el voto ciudadano hacia quienes realmente estén comprometidos con la defensa de la vida, la seguridad y el patrimonio de los peruanos, tal como lo establece la Constitución en sus principales mandatos y como lo exige el pacto social en democracia.
Pero, ¿cuál es la agenda para erradicar este cáncer de nuestra sociedad? ¿Qué debemos esperar —o, mejor dicho, exigir— de nuestros futuros gobernantes? (Digo futuros, porque los actuales han demostrado estar fuera de toda capacidad de redención).
Medidas urgentes:
- Creación de un cuerpo de élite en la Policía Nacional del Perú, compuesto por sus mejores cuadros, con recursos adecuados para investigar, infiltrarse y capturar a las bandas organizadas. Este grupo debe contar con autonomía suficiente para operar sin interferencias de la corrupción que ha permeado la PNP y que, al alertar a los delincuentes sobre las acciones policiales, neutraliza su efectividad.
- Fiscalías y juzgados especializados en extorsión y sicariato.Así como se crearon órganos especiales para el terrorismo y corrupción, es necesario crear fiscalías y juzgados especializadas en homicidio, y extorsión.
- Reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público.Hoy en día, estas instituciones operan bajo redes de favores y venganzas que han generado enfrentamientos estériles entre poderes del Estado. Se requiere una reforma profunda que incluya cambios en su estructura de mando, permitiendo el ingreso de autoridades que no tengan compromisos con el statu quo actual.
- Construcción de cárceles de alta seguridad.A contramano de quienes critican la política criminal de Bukele, los penales que ha implementado en El Salvador son ejemplos a imitar. Se deben construir entre uno y tres establecimientos penitenciarios en el Perú, bajo convenios de gobierno a gobierno, para garantizar su rápida implementación. Estas cárceles deben estar diseñadas para aislar a los procesados y sentenciados de sus redes criminales externas que funcionen con medidas disuasorias efectivas contra la actividad delictiva
- Reforma del Código Penal.Es crucial tipificar con mayor precisión los delitos de asesinato, sicariato y extorsión. Quien ordena un asesinato debe recibir la misma pena que el ejecutor, y la ley debe evitar interpretaciones que reduzcan condenas.
- Incautación de bienes sin contemplaciones.La legislación reciente ha debilitado las leyes de pérdida de dominio, beneficiando no solo a corruptos, sino también a delincuentes comunes que ahora gozan de impunidad. Es imprescindible endurecer las normas y permitir la confiscación rápida y efectiva de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
- Facilidades legales para la intervención telefónica, el levantamiento del secreto bancario y la infiltración de agentes encubiertos. Estas herramientas son fundamentales para obtener evidencia de extorsiones y crímenes organizados. Un marco legal más flexible en este aspecto permitiría agilizar las investigaciones y fortalecer los casos en contra de las mafias.
En conclusión, si no tomamos medidas drásticas y estructurales, el crimen organizado seguirá expandiéndose, dejando a la ciudadanía a merced de la violencia y la impunidad. El momento de actuar es ahora. No esperemos a que nos maten a un candidato presidencial como le pasó a Ecuador.
