Mientras la presidenta Dina Boluarte siga en su cargo (aunque no gobierne) sus aliados en el Congreso, que son los que ejercen el poder, seguirán produciendo estropicios a la Constitución y a las leyes. Adviértase que esa díscola conducta, la de un Ejecutivo que no gobierna, y la de un Parlamento que detenta el poder, le ha dado al Perú la calificación de “régimen híbrido”, es decir, el de una democracia que está dejando de serlo y de un autoritarismo que va consolidándose. El Perú, entonces, para el mundo está dejando de ser una democracia para convertirse en un sistema autoritario. Y esto no es poca cosa.
Debe tenerse presente que esta mescolanza tan típica de nuestro país, ha sido consecuencia directa del pacto que Dina Boluarte selló con sus acérrimos enemigos, tan luego asumió el mando, al permitirle al Congreso hacer lo que le venga en gana (con el fujimorismo a la cabeza). En contra del repetido discurso que no debiera haber ningún cambio constitucional, el Parlamento ha modificado 95 artículos de la Constitución, alguno de los cuales permite que los actuales congresistas puedan ser reelegidos como senadores; elimina la designación de las autoridades electorales por parte de un órgano técnico independiente para sustituirlo por uno esencialmente político como el Senado; pretendiendo además (sin lograrlo hasta ahora); suprimir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ); todo con el propósito de mantenerse en el poder si las elecciones se realizan el 2026 o incluso antes.
Mientras Dina Boluarte sigue exhibiendo sus relojes Rolex exclusivos, sus joyas finas y su nuevo rostro, el Congreso insistirá en su tinglado cuya finalidad es la de asegurar el poder pleno, o sea, asumiendo también el Poder Ejecutivo, elecciones de por medio. Y es que todas las medidas adoptadas, anteriormente mencionadas, apuntan exactamente en esa dirección, incluyendo (esta es una anécdota reveladora) la penosa incorporación del exdictador Alberto Fujimori, en el partido de su hija Keiko,
La especulación del presente artículo, con buena dosis de verosimilitud según los hechos, que se resume en la pretensión del fujimorismo de volver a ser gobierno en su cuarto intento, tiene sin embargo un desafiante inconveniente: el tiempo. Y es que los pasivos de Dina Boluarte, empezando por sus reiterados desaciertos, pasando por sus elocuentes ausencias para terminar en su abrumador rechazo ciudadano, alguien tiene que asumirlos. Nadie más indicado que aquella fuerza política que la ha sostenido durante este tiempo, o sea, el fujimorismo (y sus aliados) desde el Congreso).
No queda mucho tiempo sino todo lo contrario, para que quienes han sostenido a Dina Boluarte en la presidencia, superen el abrumador rechazo popular y las objeciones de los principales países del mundo (empezando por Estados Unidos y todos los miembros de la Unión Europea), acerca de su lesiva política contra los derechos humanos y el desmontaje de las instituciones democráticas.
Lo que cabe esperar entonces es que las urnas se pronuncien desconociendo cualquier identificación con el gobierno de Dina Boluarte, por más artilugios legales que se hayan ejecutado.
*Abogado y fundador del Foro Democrático