Las desavenencias entre Perú y México, a propósito del asilo de Betssy Chávez, empezaron por un error: Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces presidente mexicano, no vio el mensaje televisivo que Pedro Castillo dirigiera el 7 de diciembre de 2022, mediante el cual pretendió convertirse en dictador del Perú. Tampoco tuvo ocasión de advertir cómo Betssy Chávez, entonces primera ministra, fue la productora de dicho atentado antidemocrático. AMLO se equivocó garrafalmente al invertir las cosas y sostener que a Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado, y no que él lo promoviera.
Esa monumental equivocación ha dado lugar a una sucesión de hechos, cada uno más absurdo que el otro, hasta convertirse en una crónica política surrealista que involucra a nuestro Tribunal Constitucional y al actual gobierno del presidente Jerí.
Inmediatamente después del mensaje golpista, Pedro Castillo fue detenido y empezó a ser enjuiciado porque, violando el mandato constitucional, se convirtió en gobernante usurpador al cual nadie debe obediencia (artículo 46° de la Constitución). De manera pues, que la defensa de Pedro Castillo carece de todo sustento. En dicho proceso se incorporó también a Betssy Chávez.
Y sigue la tragicomedia, o sucesión de hechos kafkianos. Ocurre que el Tribunal Constitucional ordena la inmediata libertad de Betssy Chávez, porque había estado detenida durante el juicio más días de los que correspondía, sin que la fiscalía pidiese oportunamente la prórroga de la detención. Betssy Chávez recupera su libertad, sin ninguna restricción. Y aquí entra el gobierno del presidente Jerí: sin vigilancia alguna ni control policial de ninguna naturaleza, Betssy Chávez, estando libre, ingresa a la embajada de México en Lima y solicita asilo político, el cual le es concedido de inmediato. Como la realidad supera a la ficción en los sucesos políticos latinoamericanos, el Perú rompe relaciones diplomáticas con México y declara persona no grata a su actual presidenta, Claudia Sheinbaum, después de haberlo hecho con AMLO.
Se abre ahora otro capítulo, esta vez diplomático. México, como país asilante, en base a la Convención sobre el asilo de 1954, solicita al Perú que le extienda a Betssy Chávez el respectivo salvoconducto para que pueda salir del país. Es importante tener presente que el artículo 36° de la Constitución peruana reconoce el asilo político y establece que es el gobierno asilante el que lo califica; es decir, México para el caso. Adviértase que se acaba de dictar nueva orden de detención contra Betssy Chávez.
Ahora bien, el gobierno del presidente Jerí, en una ingeniosa salida, acorde con el carácter surrealista de la controversia, ha puesto en suspenso la expedición del salvoconducto a Betssy Chávez, hasta que la Organización de Estados Americanos (OEA), precise los alcances de la calificación del asilo político por parte del gobierno que lo concede. Como este procedimiento puede demorar tiempo, se ha trasladado al próximo gobierno que adopte la decisión correspondiente. Exactamente lo contrario de lo que el mismo Estado peruano hizo en el caso de Nadine Heredia, quien ya había sido condenada judicialmente.
Queda demostrado entonces que los errores políticos, cuando se acumulan, generan realidades absurdas, casi de ficción.
*Abogado y fundador del Foro Democrático