El Perú se prepara para las elecciones de 2026 con una cifra récord: 39 movimientos políticos inscritos. Nunca antes hubo tantos. Nuestro promedio histórico ha sido de 13. Ahora se ha triplicado. Además, se calcula que habrá unos 9500 candidatos al nuevo Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores.
Aparentemente, el fenómeno descrito demostraría no solo mayor participación, sino también, afianzamiento del sistema democrático. Ese sería el lado bueno, la lectura inocente. Pero cabría plantearse algo diferente, más preocupante: detrás de la diversidad electoral puede esconderse la búsqueda de concentrar el poder bajo la apariencia de la dispersión del voto. En otras palabras, muchas opciones no siempre significan más libertad, sino menos control sobre quienes terminan gobernando. El Perú enfrenta, por eso, una verdadera encrucijada electoral.
Veamos. El actual Congreso, luego del atentado de Pedro Castillo contra la democracia, asumió el control del poder; y lo sigue haciendo. Permitió que Dina Boluarte asumiera formalmente la presidencia de la República, hasta que en pocas horas la destituyera por permanente incapacidad moral, invocando causales que previamente el mismo Parlamento le había archivado. Igual podría hacer (motivos no le faltan) con el actual encargado de la presidencia, José Jerí.
Pues bien, durante estos casi tres años, el actual Parlamento ha desfigurado radicalmente el esquema constitucionalmente previsto para gobernar el país. Se ha distorsionado el equilibrio de poderes: la cuestión de confianza ha perdido sentido, la alternativa de disolver el Congreso se ha tornado impracticable y, a través de sucesivas enmiendas constitucionales, se ha restaurado la bicameralidad y la reelección de los actuales congresistas; contradiciendo el mandato ciudadano, ampliamente mayoritario, expresado mediante referéndum popular.
Pero, hay más. En los cambios introducidos en la Constitución se ha otorgado al Senado las más importantes funciones de gobierno: aprobar en última instancia las leyes que regirán, ejercer el control político y resolver las acusaciones constitucionales.
Ahora bien, la elección del Senado se hará de dos maneras: la mitad por voto nacional y la otra por regiones. Y algo fundamental: cualquier movimiento político para que logre representación parlamentaria, tendrá que superar la doble valla electoral, esto es, obtener más del 5 % de los votos válidos y cuando menos 7 diputados y 3 senadores. Dicho de otra manera, para integrar el Congreso bicameral el grupo político tendrá que superar ambas vallas; caso contrario, no entra al reparto parlamentario.
Volvamos ahora a la preocupación inicial: este diseño electoral abre la puerta a un escenario inquietante: un grupo de movimientos políticos, actuando coordinadamente, podría controlar el poder en el país haciendo mayoría en el Senado, sin necesidad de ganar la presidencia de la República. Algo parecido a lo que sucede actualmente. Adviértase: César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), ha anunciado su candidatura al Senado. Lo mismo ha dicho Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. Keiko Fujimori no lo necesita: puede influir desde su bancada.
La pregunta final es inevitable: ¿estamos ante una democracia más plural o ante una fragmentación que favorece a los mismos grupos de siempre? La respuesta marcará el rumbo del Perú en los próximos años.
*Abogado y fundador del Foro Democrático