El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank y mientras el Congreso debatía un pedido de juicio político en su contra.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido mediante un video en su cuenta de X. Peña sostuvo que su salida buscaba preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones democráticas del país.
“Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, expresó. También pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento no estuvo a la altura de la confianza recibida.
En su mensaje, el mandatario puso énfasis en la situación de los ahorristas afectados por la intervención de la entidad financiera. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, manifestó. Además, reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos garantice la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos.
La renuncia se produjo después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo impulsaran una acusación para destituirlo por presuntos conflictos de intereses y cuestionamientos relacionados con sus antiguos vínculos empresariales con el grupo controlador de Ueno.
¿Qué desencadenó la renuncia de Santiago Peña?
Uno de los factores que agravó la situación política del mandatario fue el pronunciamiento de Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado. El dirigente anunció que la agrupación oficialista acompañaría el juicio político contra Peña.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en X.
En el mismo mensaje confirmó el respaldo de la bancada oficialista al proceso: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El pronunciamiento tuvo un peso particular porque Cartes fue quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene influencia sobre la estructura del Partido Colorado. La pérdida de ese respaldo dejó al mandatario frente a una presión que ya no provenía únicamente de la oposición.
¿Por qué buscaban destituir a Santiago Peña?
El miércoles 4 de noviembre, un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana. El documento, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, reunió 35 firmas.
Entre los legisladores que respaldaron la iniciativa estuvieron Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. Los impulsores solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para debatir la acusación.
Para que el proceso avanzara al Senado se necesitaban 53 votos de los 80 integrantes de la Cámara de Diputados, equivalentes a dos tercios. En la Cámara Alta, se requerían 30 votos de los 45 senadores para declarar culpables a los acusados y abrir la posibilidad de su destitución.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, había advertido sobre el impacto electoral de la crisis para el oficialismo. “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, declaró antes del anuncio de renuncia.
La intervención de Ueno Bank desató la crisis financiera y política
La crisis comenzó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.
La entidad tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. Además, administraba entre US$ 800 millones y US$ 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), según reportes de Associated Press y Reuters.
La medida provocó largas filas frente a las sucursales y protestas en Asunción. Los clientes reclamaron acceso a sus ahorros, mientras las autoridades anunciaban mecanismos para devolver los depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
En respuesta, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó el miércoles. La norma estableció un anticipo de los recursos del fondo para acelerar los pagos a los depositantes afectados.
El mandatario también anunció la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central, luego de la salida de Carlos Carvallo. El nombramiento debía ser ratificado por el Senado.
Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades en Ueno
La crisis financiera también abrió un frente judicial. La Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por presuntas irregularidades en operaciones realizadas entre 2025 y 2026, que habrían permitido otorgar préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
Entre los investigados figura Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas de la entidad, quien compareció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción junto con otros directivos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para los demás ejecutivos. La investigación busca esclarecer las operaciones financieras cuestionadas y las responsabilidades de quienes participaron en ellas.
La renuncia de Peña se produjo así en medio de una crisis que combinó la incertidumbre de millones de ahorristas, investigaciones fiscales y la ruptura del respaldo político de su propio partido.