La conducción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) vuelve a generar controversia. Una investigación publicada por el medio periodístico Lima Gris sostiene que sectores políticos buscan remover a su superintendente, Vicente Paul Espinoza Santillán, pese a que el Ministerio de Educación (Minedu) descartó iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por una denuncia presentada en su contra.
El caso ha reavivado el debate sobre las presiones políticas alrededor del organismo encargado de supervisar las condiciones básicas de calidad de las universidades peruanas. En el Congreso, la senadora Katherine Ampuero ha cuestionado la permanencia de Espinoza, mientras el nombre de Policarpio Chauca Valqui aparece en las versiones sobre un eventual cambio en la conducción de la entidad.
Sin embargo, es necesario distinguir los pronunciamientos oficiales de las interpretaciones políticas sobre el caso. El archivo de una denuncia en sede administrativa no equivale, por sí solo, a una declaración judicial de inocencia frente a cualquier otra investigación que pudiera existir.
El informe del Minedu
El 21 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Minedu emitió el Informe N.° 00359-2026-MINEDU/SG-OGRH-STOIPAD, correspondiente al Expediente N.° 0742544-2026. Según informó el diario Ojo el 2 de septiembre, la evaluación concluyó que no existían indicios razonables para iniciar un procedimiento disciplinario contra Espinoza Santillán.
De acuerdo con esa publicación, la Secretaría Técnica examinó los elementos presentados en la denuncia, recibió la declaración de la denunciante y convocó a cinco testigos. La revisión también comprendió conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas y fotografías incorporadas al expediente.
La conclusión administrativa fue que los elementos evaluados no justificaban abrir un procedimiento disciplinario en ese caso. Este pronunciamiento constituye uno de los principales antecedentes invocados por quienes cuestionan que la denuncia sea utilizada como argumento para exigir la salida del superintendente.
No obstante, el alcance de esa decisión debe circunscribirse al expediente revisado por el Minedu. Para determinar la situación de eventuales actuaciones en otras instancias, corresponde examinar las resoluciones respectivas y verificar qué aspectos fueron evaluados en cada procedimiento.
Ampuero exige su salida
La controversia también llegó al Senado. Durante una sesión de la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría, la legisladora Katherine Ampuero cuestionó la permanencia de Espinoza al frente de la SUNEDU y le pidió dar un paso al costado ante los señalamientos en su contra.
Según informó el diario Expreso el 25 de octubre, Ampuero aludió a una carpeta fiscal vinculada con una denuncia por presunto acoso sexual y sostuvo que el funcionario debía apartarse del cargo mientras afrontaba los cuestionamientos.
La intervención parlamentaria reavivó la discusión sobre las consecuencias institucionales de la denuncia y la diferencia entre una imputación, una evaluación administrativa y una eventual determinación judicial. El pedido de renuncia formulado por la senadora constituye una posición política y no una decisión que, por sí misma, disponga la destitución del superintendente.
Lima Gris sostiene que las denuncias archivadas estarían siendo utilizadas para impulsar una operación política destinada a cambiar la conducción del organismo. Esa interpretación forma parte de la investigación periodística y debe distinguirse de los hechos que puedan acreditarse mediante documentos oficiales.
Chauca Valqui entra en escena
En medio de la controversia por la continuidad de Vicente Paul Espinoza Santillán, el nombre de Policarpio Chauca Valqui aparece en la discusión sobre el futuro de la SUNEDU. El Ministerio de Educación formalizó su designación como representante del sector ante el Consejo Directivo del organismo mediante la Resolución Ministerial N.° 342-2026-MINEDU, publicada el 12 de junio de 2026.
Según la investigación de Lima Gris, Chauca sería una de las figuras consideradas en el escenario de un eventual cambio en la conducción de la superintendencia. Esta posibilidad coloca el foco en la composición del Consejo Directivo y en las decisiones que podrían influir en el rumbo de la institución encargada de supervisar la calidad de la educación universitaria.
La discusión trasciende, así, la continuidad de un funcionario. También pone sobre la mesa el papel que deben cumplir las autoridades del sector Educación y los representantes del Estado en una entidad cuya labor es relevante para la supervisión de las universidades. Cualquier modificación en su conducción tendrá repercusiones en el debate sobre la autonomía institucional y los mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa.
El futuro de la supervisión universitaria
La controversia se inscribe en un debate más amplio sobre el papel de la SUNEDU y los cambios introducidos en su estructura por la Ley N.° 31520. La entidad tiene entre sus funciones supervisar las condiciones básicas de calidad que deben cumplir las universidades para prestar el servicio educativo.
La investigación de Lima Gris advierte que una eventual crisis en la conducción del organismo podría debilitar sus funciones de supervisión y favorecer intereses políticos o económicos vinculados al sistema universitario. También plantea que un cambio institucional podría afectar el control sobre universidades que no cumplen los requisitos de calidad.
El material proporcionado sostiene, además, que una eventual salida del superintendente podría generar problemas en la continuidad del Consejo Directivo y abrir un escenario de incertidumbre institucional. Sin embargo, los efectos jurídicos concretos de esa posibilidad deben determinarse a partir de la normativa aplicable y de las decisiones que eventualmente se adopten.
Por ahora, el caso mantiene abiertas dos discusiones: el alcance de los pronunciamientos emitidos sobre las denuncias contra Espinoza Santillán y el futuro de la conducción de la SUNEDU. La distinción entre ambos asuntos será clave para evaluar si las decisiones que se adopten responden a criterios administrativos y legales o a una disputa política por el control del organismo.