El Congreso mantiene pendiente la decisión sobre el caso de los presuntos pagos irregulares para lograr ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante 2021. La denuncia constitucional, presentada por la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala, ingresa a una etapa decisiva con el debate del informe final en la Cámara de Diputados programado para el jueves 29 de octubre.
La controversia actual gira en torno a si el Congreso logrará votar la acusación antes de que expire la prerrogativa funcional de Ayala, fijada para el 15 de noviembre de 2026. Ante la proximidad de ese plazo, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, encabezada por Daniel Varas Seguín de Juntos por el Perú, aprobó por unanimidad remitir el expediente al Pleno el pasado 7 de octubre para acelerar su trámite.
¿Por qué nació el caso contra Pedro Castillo?
De acuerdo con las investigaciones parlamentarias, Castillo habría presionado a los entonces comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, para favorecer a oficiales que no alcanzaban el puntaje requerido, derivando en la remoción de ambos mandos al no ceder a las solicitudes.
Asimismo, la hipótesis fiscal incluye presuntos cobros ilegales en los ascensos de la Policía Nacional, donde el exmandatario habría recibido $20.000 a través de Ayala y un monto similar atribuido al suboficial Jorge Tarrillo Gálvez. El informe final recomienda acusar a Castillo por patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, mientras que a Ayala se le imputan abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, solicitando el levantamiento de su fuero para que la Fiscalía proceda según sus facultades.
Por el contrario, la propuesta plantea archivar el extremo sobre organización criminal al no acreditarse una estructura paralela a la estatal. La resolución del proceso dependerá del balance de votos en el Pleno. Voces parlamentarias como López Chau de Ahora Nación indicaron que actuarán con independencia, en tanto que el senador Daniel Barragán de Obras planteó la búsqueda de consensos entre bancadas.
El vencimiento del fuero especial de uno de los procesados no implica la caducidad global del caso, pero marca la urgencia del pronunciamiento parlamentario.se pueda hacer un llamado a la discalia de la nacion para que se le pueda iniciar un oficio. y que ella es la presidenta de la comisión de justicia.