El presidente francés pidió prohibir determinadas concentraciones tras los disturbios que dejaron 2.397 detenidos y casi mil policías heridos. La oposición exige medidas más drásticas, incluida la declaración del estado de emergencia.
Francia atraviesa una nueva crisis social y política. Tras una jornada de multitudinarias manifestaciones que derivaron en graves disturbios, saqueos y ataques contra edificios públicos, el presidente Emmanuel Macron anunció que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones para evitar nuevos episodios de violencia.
En un mensaje televisado a la nación este domingo 18 de octubre, Macron condenó la «violencia desenfrenada» registrada el sábado y pidió a los prefectos regionales actuar con firmeza, en coordinación con los alcaldes, para proteger las ciudades, los comercios y las instituciones públicas.
«Esta noche todos sentimos ira y vergüenza», declaró el mandatario, quien advirtió que los responsables de los saqueos y ataques contra edificios gubernamentales deberán responder ante la justicia. También prometió una respuesta firme del Estado frente a quienes recurran a la violencia.
Más de medio millón de manifestantes
Las protestas del sábado congregaron a unas 550.000 personas en distintas ciudades francesas, según cifras oficiales. La Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato del país, elevó la participación a más de 800.000 manifestantes.
Las movilizaciones, impulsadas por el descontento social y el elevado costo de vida, terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques contra establecimientos comerciales y sedes municipales.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde el edificio del ayuntamiento fue incendiado y sufrió importantes daños. Según el balance del Gobierno francés, al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías resultaron heridos durante los disturbios.
Macron reconoció la legitimidad de las protestas pacíficas, especialmente las relacionadas con el incremento del precio de los combustibles, que vinculó con la guerra de Irán. Sin embargo, insistió en que las reivindicaciones sociales no pueden justificar los actos violentos.
El presidente también solicitó «total transparencia» sobre la actuación policial durante los enfrentamientos, en respuesta a los cuestionamientos sobre la estrategia de las fuerzas de seguridad.
La oposición exige el estado de emergencia
La respuesta presidencial provocó duras críticas de la oposición francesa. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, calificó el discurso de Macron de «lamentable» y acusó al Gobierno de mostrarse «cobarde y desorientado» frente a la crisis.
«Este poder cobarde y desorientado no tiene ya nada que decir a los franceses, nada que proponerles», afirmó Bardella, quien cuestionó la capacidad del Ejecutivo para garantizar la seguridad ciudadana.
Por su parte, Bruno Retailleau, líder del partido conservador Los Republicanos, fue más lejos y exigió la declaración inmediata del estado de emergencia.
Retailleau sostuvo que esta medida permitiría establecer toques de queda, restringir la circulación en determinadas zonas, imponer arrestos domiciliarios a personas consideradas una amenaza para el orden público y disolver grupos responsables de actos violentos.
El dirigente recordó que Francia recurrió a este mecanismo durante los disturbios de 2005 y consideró que la gravedad de la situación actual justifica una respuesta extraordinaria.
Una crisis a seis meses de las elecciones
La nueva ola de protestas llega en un momento especialmente delicado para Macron, cuando faltan aproximadamente seis meses para las elecciones presidenciales.
El mandatario pidió que las diferencias políticas se resuelvan mediante el debate democrático y no a través de la violencia callejera. Sin embargo, la magnitud de las movilizaciones y las críticas de la oposición evidencian el creciente malestar social.
Francia enfrenta así un doble desafío: restablecer el orden público sin restringir indebidamente el derecho a la protesta y responder a las demandas económicas que han llevado a cientos de miles de ciudadanos a las calles.
La decisión de autorizar nuevas restricciones a las concentraciones abre, además, un debate sobre los límites de la actuación del Estado en un país donde las manifestaciones han sido históricamente una expresión central de la vida política.