El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el proyecto de nuevos lineamientos de disciplina escolar que contempla la expulsión definitiva de estudiantes por faltas muy graves, la reiteración de conductas indebidas o la acumulación de tres suspensiones durante el año escolar. La propuesta fue presentada el 12 de octubre por José Antonio Chang y busca establecer reglas para los colegios públicos y privados.
El documento, respaldado por Keiko Fujimori, clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con medidas correctivas y sanciones según la conducta y sus consecuencias.
Minedu: ¿en qué casos los escolares podrían ser expulsados del colegio?
La propuesta del Minedu considera faltas muy graves conductas como el bullying, la violencia sexual, la extorsión, el cobro de cupos, los actos de discriminación y la promoción del odio o la violencia. También incluye el uso o porte de armas y objetos punzocortantes, la tenencia de artefactos explosivos, el hurto, el robo y la destrucción intencional de infraestructura escolar.
La lista incorpora otras infracciones, como la falsificación de documentos oficiales, la suplantación de identidad, la difusión de información privada, las grabaciones que vulneren la intimidad, la venta de sustancias prohibidas y el fraude en las evaluaciones. Según el proyecto, estas conductas pueden dar lugar a la separación definitiva del colegio. La misma medida podría aplicarse a quienes acumulen tres suspensiones durante el año o reincidan de manera sistemática en comportamientos indebidos.
Antes de imponer una sanción, la institución deberá evaluar cinco criterios: la edad y el desarrollo del estudiante, sus antecedentes de conducta, el contexto y los motivos de la falta, el daño causado y la disposición para reconocer y reparar las consecuencias.
La propuesta también establece que la expulsión no debe dejar al alumno sin acceso a la educación: la UGEL correspondiente deberá facilitar alternativas de continuidad académica mediante aulas digitales, además de apoyo psicológico y atención presencial en salud mental.
Faltas leves y graves, según el Ministerio de Educación
Las faltas leves comprenden comportamientos como distraerse de forma reiterada durante las clases o interrumpir la atención de los compañeros. En esos casos, los docentes podrán aplicar medidas correctivas de carácter formativo, como amonestaciones verbales o escritas, reparación de daños, restricciones temporales para acceder a espacios recreativos o participar en actividades extracurriculares y separación temporal del aula, sin retirar al alumno del colegio.
Entre las faltas graves figuran el uso indebido de celulares y otros dispositivos, más de tres tardanzas injustificadas en un bimestre, los daños a la propiedad escolar, las agresiones físicas leves sin lesiones, la violencia psicológica y la posesión o el consumo de sustancias prohibidas.
También se incluyen los justificativos adulterados y las conductas que vulneren la intimidad o dignidad de otras personas. Para estas infracciones, la dirección podrá imponer suspensiones de hasta tres días hábiles, con un máximo de cuatro veces al año, o establecer una matrícula condicional.
El proyecto también contempla el restablecimiento de la nota de conducta, con una escala de 0 a 20 puntos. Una calificación inferior a 11 será desaprobatoria. Las medidas correctivas y sancionadoras deberán aplicarse de forma gradual y proporcional, de acuerdo con las circunstancias de cada caso y el historial del estudiante.
¿Cómo se aplicarán las expulsiones y qué plazo tienen los colegios para adecuarse?
Ante una falta, las instituciones educativas deberán detener la conducta y proteger a las personas involucradas. Después, registrarán lo ocurrido y determinarán la medida correspondiente. Si el caso es grave o muy grave, la dirección deberá recibir el reporte dentro de las 24 horas. El procedimiento también exige comunicar la decisión a la familia y, cuando corresponda, citar a los padres o apoderados para establecer compromisos verificables.
Si la dirección dispone la expulsión, la familia contará con tres días hábiles para solicitar una reconsideración. El colegio tendrá cinco días hábiles para resolver el pedido. Cuando los hechos puedan constituir una infracción penal, la institución deberá comunicar el caso a la comisaría o fiscalía de familia y realizar las derivaciones correspondientes, según lo establecido en el proyecto.
Una vez que los lineamientos reciban aprobación oficial, los colegios tendrán 30 días para adecuar sus reglamentos internos. Por tanto, las disposiciones aún deben completar el proceso normativo antes de su aplicación definitiva.