La extorsión contra el transporte público tendrá una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los gremios del sector. El ministro César Astudillo anunció este lunes que la instancia comenzará a trabajar de inmediato y deberá establecer durante esta semana una agenda con medidas de corto plazo.
La decisión se tomó durante una reunión entre representantes de los transportistas y autoridades policiales, en un contexto de creciente preocupación por las amenazas y ataques atribuidos a organizaciones criminales contra empresas y trabajadores del transporte.
La Defensoría del Pueblo ya había identificado la extorsión al gremio de transportistas como un problema que requiere coordinación entre las instituciones del sistema de justicia y seguridad. El tema forma parte, además, del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.
Inteligencia policial y transportistas
Astudillo señaló que la nueva mesa recogerá directamente las denuncias y problemas reportados por los transportistas y permitirá que los principales mandos policiales participen en la definición de respuestas.
En el grupo estarán el jefe de la Región Policial Lima, Víctor Hugo Meza, y el jefe de la Región Policial Callao, Olger Benavides, quienes deberán atender las demandas planteadas por los gremios.
“Estas mesas de trabajo van a recabar, en principio, las solicitudes de los transportistas, los problemas que ellos conocen muy bien, particularmente sobre delito de extorsión”, señaló el ministro.
La propuesta contempla también una coordinación más estrecha entre los transportistas y inteligencia policial, con el objetivo de obtener información que permita identificar y desarticular a las organizaciones criminales que amenazan a conductores y empresas.
El transporte, bajo presión criminal
La problemática no es nueva. Documentos oficiales ya han advertido que la extorsión y el sicariato ejercen presión sobre el transporte público y pueden afectar la continuidad del servicio, elevar los costos de operación y trasladar parte del riesgo hacia conductores, empresas y usuarios.
En 2024, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ya había solicitado a la Policía la instalación de mesas de trabajo ante la presencia de organizaciones dedicadas presuntamente a la extorsión y al cobro de cupos contra empresas y conductores.
Ahora, el Mininter plantea una nueva instancia de coordinación con los gremios, con participación directa de los mandos policiales de Lima y Callao.
Astudillo: el Plan Escudo
Durante la reunión, el ministro también recordó el denominado Plan Escudo, implementado al inicio de su gestión para reforzar la seguridad de los patios de maniobras de empresas de transporte mediante un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Los dirigentes Julio Raurau, de la Corporación Nacional de Transportistas (Conet); José Quispe, de Transportistas Unidos; y Washington Sayre Villa, de Transporte Unido Sur, respaldaron la instalación de la mesa y la participación de inteligencia policial.
El anuncio ocurre semanas después de que Astudillo enfrentara una interpelación en la Cámara de Diputados por cuestionamientos relacionados con la seguridad ciudadana y las medidas adoptadas frente al avance de la criminalidad. El 17 de septiembre respondió un pliego de 27 preguntas, entre ellas varias referidas a extorsión, sicariato, homicidios y secuestros.
La nueva mesa tendrá ahora el desafío de convertir las denuncias y demandas de los transportistas en medidas operativas de corto plazo, en un sector que se mantiene entre los principales blancos de la extorsión.