Más de 6.800 fiscales serán desplegados en los 34 distritos fiscales del país antes, durante y después de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, informó el Ministerio Público. El operativo busca prevenir delitos electorales, investigar incidencias de relevancia penal y atender posibles casos de corrupción vinculados con los comicios.
La estrategia involucra a las fiscalías de prevención del delito, penales y anticorrupción, con acciones coordinadas durante las distintas etapas de la jornada electoral.
6.800 fiscales vigilarán suplantación y propaganda entre los antecedentes
El Ministerio Público tomó como referencia los registros de las Elecciones Regionales y Municipales de 2022. Según el Observatorio de Criminalidad de la institución, en esos comicios se registraron 139 personas detenidas en 23 distritos fiscales y 152 incidencias de relevancia penal.
La suplantación de identidad del votante concentró el mayor número de detenciones, con 88 casos, equivalentes al 63,3 %. Le siguieron la propaganda en horario prohibido, con 20 casos; la publicidad del sentido del voto, con 14; y el incumplimiento de la ley seca.
Para los comicios del próximo 4 de octubre, entre las conductas que serán materia de prevención figuran la compra de votos, coacción o presión al elector, suplantación de identidad, perturbación del proceso electoral, propaganda indebida y alteración o destrucción de material electoral.
Durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2026, el Ministerio Público informó que ejecutó 20.425 acciones preventivas y abrió 57 investigaciones fiscales por hechos que afectaron la jornada.
Foco también en la corrupción
El despliegue fiscal incluye a las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero de 2025 y junio de 2026 se obtuvieron 2.064 condenas en primera instancia contra funcionarios y servidores públicos por delitos como peculado, colusión, cohecho y malversación.
Entre los condenados figuran 99 alcaldes y cinco gobernadores regionales. En 2025 se registraron 1.488 condenas, incluidas las de 76 alcaldes y un gobernador regional. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron otras 576 condenas, entre ellas las correspondientes a 23 alcaldes y cuatro gobernadores regionales.