La diputada Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea restringir la redención de la pena por trabajo o educación para condenados por feminicidio, secuestro y robo agravado. En los casos en los que la sentencia firme determine la concurrencia de modalidades agravadas.
La propuesta fue presentada el 13 de agosto de 2026 ante la Cámara de Diputados bajo el Proyecto de Ley N.° 00033-2026-2031-CD / RU 3710-CD.
La iniciativa lleva por título “Proposición Legislativa que Fortalece las Restricciones a los Beneficios Penitenciarios para Delitos de Alta Lesividad”. Plantea modificar el artículo 51 del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.
¿Qué beneficio penitenciario busca restringir el proyecto de Norma Yarrow?
La propuesta incorpora el numeral 51.5 al artículo 51 del Código de Ejecución Penal.
El texto plantea que no proceda la redención de la pena por trabajo o educación para los condenados por los delitos contemplados en los artículos 108-B, 152 y 189 del Código Penal, correspondientes a feminicidio, secuestro y robo agravado.
La restricción se aplicaría específicamente cuando la sentencia condenatoria firme haya determinado la concurrencia de modalidades agravadas previstas en esos tipos penales.
Es decir, el proyecto no plantea una modificación general para todas las personas condenadas por estos delitos. Sino que delimita la restricción a los casos en los que exista una condena firme por las modalidades agravadas señaladas.
¿El delito de extorsión ya tiene una restricción vigente?
El proyecto también precisa que la improcedencia de beneficios penitenciarios para el delito de extorsión, previsto en el artículo 200 del Código Penal, se mantiene conforme a la legislación vigente.
Por ello, la iniciativa de Yarrow plantea incorporar nuevas restricciones al régimen de ejecución penal para determinados delitos considerados de alta lesividad. En lugar de modificar la disposición vigente sobre extorsión.
Proyecto busca reforzar restricciones por delitos de alta lesividad
De acuerdo con su fórmula legal, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el régimen de ejecución penal aplicable a estos delitos y complementar las restricciones que ya existen.
La propuesta señala como finalidades reforzar la seguridad ciudadana, garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas y reducir los riesgos de reincidencia.
El proyecto deberá seguir ahora el procedimiento parlamentario correspondiente antes de determinar si la modificación propuesta será debatida y eventualmente aprobada por la Cámara de Diputados.