La diputada Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, presentó una propuesta legislativa que plantea eliminar el financiamiento público directo e indirecto a los partidos políticos.
La iniciativa busca modificar la Ley de Organizaciones Políticas para impedir que recursos del Estado se destine al financiamiento de partidos y organizaciones políticas. Según el proyecto, el objetivo es que el dinero público se use prioritariamente en servicios públicos esenciales.
El proyecto: “El dinero debe estar al servicio de los peruanos”
Yarrow sostuvo que salud, educación, seguridad y servicios básicos deben ser la prioridad del Estado, y cuestionó que recursos públicos se entreguen al financiamiento de partidos políticos.
Pero ¿qué señala la propuesta legislativa? Establece entre sus finalidades optimizar el uso de los recursos públicos, priorizar los servicios esenciales y reducir los riesgos de conflictos de interés vinculados al uso de fondos estatales.
¿Qué plantea el proyecto sobre el financiamiento público a los partidos?
El texto presentado por Norma Yarrow propone modificar la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para eliminar tanto el financiamiento público directo como el indirecto.
La parlamentaria argumenta que esta medida contribuiría a fortalecer la eficiencia, transparencia y sostenibilidad del gasto público. La propuesta deberá seguir ahora el procedimiento parlamentario correspondiente antes de determinarse si será debatida y eventualmente aprobada por la Cámara Baja.
El proyecto también plantea que la eliminación del financiamiento público permita reorientar recursos hacia las necesidades más urgentes de la población. La propuesta sostiene que el Estado debe concentrar su presupuesto en servicios esenciales y en atender las principales demandas ciudadanas.
La iniciativa de la congresista Norma Yarrow se suma así al debate sobre cómo deben financiarse las organizaciones políticas y cuánto dinero público debe destinarse a ellas. De ser aprobada, la reforma modificaría el actual esquema de financiamiento contemplado en la Ley de Organizaciones Políticas vigente.