El Poder Judicial absolvió a la diputada de Fuerza Popular, Jessica Navas Sánchez, del delito de malversación de fondos. Sin embargo, ordenó que pague S/150 mil de reparación civil a favor del Estado por el daño patrimonial y extrapatrimonial atribuido a su actuación como funcionaria pública.
La decisión fue emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo, a cargo de la jueza Irene Hidalgo. En el proceso relacionado con la adquisición de vehículos que no estaban contemplados en el presupuesto del proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha”.
¿Por qué Jessica Navas fue absuelta de malversación?
La Fiscalía había solicitado 4 años y 8 meses de prisión contra Navas Sánchez. La cual fue acusada por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como coordinadora del proyecto.
Según la acusación, durante su gestión se habría permitido o autorizado la compra de un bus turístico, cuatro motocicletas y una camioneta. Pese a que estos bienes no estaban contemplados en el presupuesto original ni en el cronograma de desembolsos del proyecto.
La jueza habría considerado acreditado que los funcionarios realizaron adquisiciones que no estaban previstas y, por tanto, dieron un destino distinto a los fondos.
Sin embargo, de acuerdo con Infobae, la magistrada determinó que esta conducta no configuraba el delito de malversación de fondos. Esto se debería a que no se acreditó uno de los elementos necesarios para establecer responsabilidad penal: la afectación al servicio.
“Lo que se debió haber hecho es devolver el dinero porque estaba sobrando. No ha dicho qué no se hizo”, señaló la magistrada.
De acuerdo con información difundida por el medio, la jueza consideraría que el hecho de que los recursos hayan sido utilizados para adquirir bienes no contemplados en el proyecto no era suficiente para configurar el delito si no se demostraba que esta actuación afectó el servicio que debía brindar el proyecto.
Jessica Navas: ¿Por qué deberá pagar S/150 mil al Estado?
Aunque fue absuelta penalmente, la magistrada habría concluido que sí existió una infracción al deber de cuidado por parte de los acusados y que su actuación generó un daño patrimonial y extrapatrimonial al Estado.
La Procuraduría Pública Anticorrupción había solicitado una reparación civil de S/560.467, monto que correspondía al dinero utilizado para las adquisiciones cuestionadas.
Sin embargo, el juzgado fijó finalmente la reparación en S/150 mil.
La jueza habría explicado que el monto no podía ser equivalente a los S/560.467 solicitados por la Procuraduría. Debido a que, según las pruebas presentadas durante el juicio, también habrían intervenido otros funcionarios en los hechos.
Jueza dispone investigar a otros funcionarios
Durante el juicio, la magistrada advirtió que la actuación cuestionada no habría involucrado únicamente a Jessica Navas y sus dos coacusados.
Por ello, dispuso remitir copias del expediente al Ministerio Público para que determine si corresponde iniciar investigaciones contra otros funcionarios que podrían haber participado en las adquisiciones.
De esta manera, el fallo establece una diferencia entre la responsabilidad penal por malversación —por la que Navas Sánchez fue absuelta— y la responsabilidad civil derivada de la actuación funcional que el juzgado consideró indebida.