El Gobierno puso en marcha una revisión del marco legal contra la criminalidad, en un momento en que la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) instaló un grupo de trabajo sectorial encargado de analizar las normas vigentes y plantear eventuales modificaciones.
La primera sesión fue encabezada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, y reunió a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público e Instituto Nacional Penitenciario (INPE), además de especialistas en materia penal y criminológica.
Una revisión con jueces y fiscales
Durante la instalación, Álvarez sostuvo que la revisión debe realizarse desde una perspectiva técnica y con participación de las instituciones directamente involucradas en la administración de justicia.
“Estamos trasladando nuestros conocimientos, trayectoria y experiencia en beneficio de los ciudadanos”, señaló el ministro, quien remarcó que el grupo no responde a intereses partidarios, sino a la necesidad de mejorar las herramientas legales frente a la criminalidad.
La agenda de trabajo ya fue definida. En las próximas reuniones se revisará un conjunto de normas consideradas prioritarias en materia de criminalidad, tomando como referencia, además, los informes y evaluaciones que previamente elaboraron el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La intención es que el análisis no se limite a modificar leyes de manera aislada, sino que permita detectar problemas y vacíos que puedan dificultar las investigaciones, los procesos judiciales y la sanción de los responsables de delitos.
Gobierno: participación de las instituciones de justicia
La mesa de trabajo cuenta con representantes de distintas entidades vinculadas a la lucha contra el crimen. Entre ellos figuran el juez supremo provisional Jhonny Contreras Cuscano, el coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, y funcionarios del MINJUSDH.
También participan especialistas académicos como Julio Rodríguez Delgado, Mario Amoretti Navarro, Gonzalo del Río Labarthe y Edwar Álvarez Yrala, quienes aportarán sus conocimientos al análisis de la legislación.
Por el Ministerio de Justicia intervienen, además, los viceministros Juan Falconi Gálvez y Gonzalo Muñoz Hernández, así como el director general de Asuntos Criminológicos, Edward Vega Rojas.
Cambios llegarán al Ejecutivo
Uno de los puntos centrales del trabajo será alcanzar acuerdos técnicos entre los integrantes del grupo. De acuerdo con el MINJUSDH, las modificaciones que sean consensuadas serán presentadas posteriormente al Consejo de Ministros.
El proceso abre así una etapa de revisión de las herramientas legales con las que cuenta el Estado para enfrentar el crimen, con participación de quienes intervienen directamente en las investigaciones, procesos y ejecución de las sanciones.