La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo investiga un presunto caso de tortura ocurrido en Comas, en agravio de dos personas, una de ellas un adolescente de 16 años.
Como parte de las diligencias, el Segundo Despacho de esta fiscalía recaba documentos y revisa las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Distrital de Comas. El objetivo es reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes serían los responsables.
¿Qué ocurrió durante la intervención?
Según las primeras indagaciones, los hechos ocurrieron en julio último y habrían involucrado a personal de Serenazgo de Comas y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, los agentes habrían obligado a las dos víctimas a desnudarse, caminar en estado de vulnerabilidad y posteriormente ingresar al río Chillón.
Estos hechos todavía se encuentran bajo investigación. La Fiscalía busca determinar las circunstancias exactas de la intervención y establecer si las acciones denunciadas configuran el delito de tortura.
Para ello, las autoridades vienen contrastando testimonios, documentos y registros audiovisuales que podrían aportar elementos para esclarecer lo sucedido.
Revisan cámaras de seguridad
Una de las principales diligencias está relacionada con las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de Comas.
El material fílmico permitirá a los investigadores verificar la secuencia de la intervención y establecer la presencia y participación de los agentes que estuvieron en el lugar.
La Fiscalía también viene recabando documentación relacionada con el procedimiento realizado en julio, mientras continúa con la identificación de las personas que habrían intervenido en los hechos.
Fiscalía realiza diligencias en comisarías
El Ministerio Público extendió las diligencias a otras comisarías del sector, donde también se viene recopilando información para contribuir al esclarecimiento del caso.
La investigación está dirigida contra quienes resulten responsables, por lo que las diligencias buscan establecer si existió una actuación irregular por parte de agentes policiales o personal municipal y cuál habría sido el grado de participación de cada involucrado.
El caso adquiere especial atención por la condición de una de las presuntas víctimas: un adolescente de 16 años. La Fiscalía deberá determinar las circunstancias en las que fue intervenido y si durante el procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales.
Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio Público continuará recogiendo evidencias para determinar qué ocurrió durante aquella intervención y establecer las eventuales responsabilidades penales.