La extorsión en el Perú mantiene bajo amenaza al transporte público. De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), difundida por Punto Final, 64 choferes fueron asesinados por presuntos sicarios y extorsionadores en lo que va del 2026, una cifra que refleja la gravedad de la violencia contra el sector.
Los ataques también alcanzaron a pasajeros y empresas de transporte. Ante este escenario, distintos gremios exigieron respuestas al Gobierno de Keiko Fujimori, mientras algunos dirigentes optaron por el diálogo con el Ejecutivo y otros mantuvieron su respaldo a una paralización para reclamar medidas contra la inseguridad.
PNP revela que 64 choferes fueron asesinados en 2026
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que 64 conductores de transporte urbano fueron asesinados en lo que va del año por bandas vinculadas con la extorsión y el sicariato. La Policía también reportó decenas de atentados contra trabajadores y empresas del sector.
La violencia continuó durante agosto. El 19 de agosto, César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, murió tras recibir ocho disparos mientras conducía una combi en el Cercado de Lima. Dos pasajeras resultaron heridas durante el ataque. Según la información recogida por Punto Final, los criminales exigían un pago diario de S/40 como cuota extorsiva.
Otros hechos ocurrieron el 14 y 18 de agosto. Pedro Peralta Aguilar, de 71 años, fue baleado en La Perla, Callao, mientras conducía un bus de ETMOSA. Ese mismo 18 de agosto, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra una miniván en Collique y un conductor de Vipusa fue asesinado cuando retornaba a Villa El Salvador.
Extorsión golpea a transportistas
El problema no se limita a los homicidios. Los transportistas también denunciaron amenazas, cobros de cupos y ataques contra las empresas. Julio Bretoneche, de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, cuestionó los resultados de las acciones aplicadas hasta ahora. “Lo que nosotros sentimos es que no está resultando”, afirmó.
La especialista en seguridad ciudadana Cecilia Caparachín sostuvo que la extorsión en el Perú debe analizarse como una estructura criminal. Según explicó, de las denuncias por extorsión analizadas durante el año pasado, solo el 1,7 % terminó con una sentencia. El dato expone una de las principales dificultades para enfrentar este delito, más allá de la intervención policial en las calles.
Los ataques también dejaron sobrevivientes con secuelas físicas. Julio César Guerra recibió un disparo que terminó alojado cerca de la escápula y, cinco o seis meses después, todavía esperaba una intervención para retirar el proyectil. Pese al temor de su familia, regresó a trabajar como conductor.
¿Qué dice el Gobierno?
El Gobierno presentó ante el Congreso sus principales lineamientos de seguridad. El premier Luis Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo, plantearon recuperar el control territorial, atacar las finanzas de las organizaciones criminales y crear una división especializada contra la extorsión. Astudillo advirtió que los resultados no serán inmediatos y señaló que no prometerá que el crimen desaparezca en una semana.
Entre las acciones adoptadas figura el Plan Escudo, estrategia que articula a la PNP y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en empresas, paraderos y rutas del transporte público. El Ministerio del Interior informó que más de 4.000 policías participan en el despliegue en Lima Metropolitana, con patrullaje, puestos de vigilancia y acompañamiento a las unidades.
Sin embargo, los gremios mantienen reparos sobre el alcance de estas medidas. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, afirmó que no conocen con claridad los alcances del Plan Escudo. Mientras tanto, los dirigentes continúan negociaciones con el Ejecutivo.