El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, anunció este domingo 23 de agosto que retirará el proyecto de ley que planteaba sancionar penalmente la denominada apología al delito durante períodos de crisis política y conflictos sociales. El legislador también señaló que su decisión responde a una posición expresada por Rafael López Aliaga.
Bravo explicó que optó por retirar la propuesta para evitar que el debate genere distracciones en la agenda legislativa y concentrar los esfuerzos en asuntos que considera prioritarios, como la seguridad ciudadana y la mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño.
Aldo Bravo afirma que retirará su proyecto de ley
Aldo Bravo comunicó su decisión mediante una columna publicada en el diario Expreso. El diputado de Renovación Popular sostuvo que prefiere retirar por ahora su iniciativa para priorizar los problemas que considera más urgentes para el país, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar su contenido y plantearlo nuevamente en el futuro.
“Se trata de ceder sin conceder. Es también una oportunidad para acrisolar esta propuesta, perfeccionarla y, cuando llegue el momento, volver a la carga”, escribió Bravo. El legislador también aseguró que su proyecto recibió un respaldo ciudadano que, según afirmó, fue importante para su planteamiento.
El proyecto de ley N.° 00043/2026-2031-CD planteaba establecer penas de cuatro a cinco años de prisión para quienes, con capacidad de convocatoria pública, promovieran, solicitaran, alentaran, justificaran o legitimaran el uso de explosivos, artefactos incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios capaces de afectar la vida, integridad o patrimonio.
Críticas al proyecto de ley
El Consejo de la Prensa Peruana cuestionó la iniciativa porque consideró que sus términos podían afectar las libertades de expresión, prensa e información. La organización advirtió que, en contextos de crisis política o conflictos sociales, una redacción amplia podría permitir que la difusión de información de interés público sea interpretada de forma indebida como apología al delito.
El gremio también señaló que expresiones como “periodos de crisis política” carecen de una delimitación técnica clara. Según su posición, esa falta de precisión podía dejar a criterio de fiscales y jueces la interpretación de determinadas publicaciones o contenidos difundidos durante protestas, enfrentamientos o situaciones de tensión social.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también expresaron reparos. El cuestionamiento se centró en el riesgo de que la cobertura de manifestaciones, las entrevistas a dirigentes de protestas o la difusión de información sobre hechos violentos reciban una interpretación penal que exceda el objetivo declarado por el autor de la propuesta.