La bancada de Ahora Nación presentó este lunes 10 de agosto un proyecto de ley que busca fortalecer el sistema de control y vigilancia sanitaria de los víveres destinados al consumo interno. La propuesta plantea modificaciones al Decreto Legislativo 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, con medidas de prevención, trazabilidad y respuesta ante productos que representen un riesgo para la salud.
La iniciativa propone ampliar las responsabilidades de Senasa, Digesa, Sanipes y los gobiernos regionales y locales en el control del comercio interno, transporte, almacenamiento, comercialización y expendio de alimentos.
También establece que los productos que superen los límites máximos permitidos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, metales pesados, contaminantes microbiológicos u otros parámetros sean considerados no aptos para el consumo humano.
Ahora Nación propone ley de inocuidad alimentaria
El Proyecto de Ley N.° 00011-2026-2031-CD incorpora nuevas obligaciones para los productores, quienes deberán cumplir las buenas prácticas agrícolas establecidas por las autoridades sanitarias. Estas medidas buscan garantizar la inocuidad durante la producción y el procesamiento primario, además de reducir riesgos para el medioambiente y mejorar la salud ocupacional de los trabajadores del campo.
La iniciativa también plantea programas de asistencia técnica y capacitación permanente para los gobiernos locales. Estos deberán incluir formación del personal municipal en normas de inocuidad y técnicas de inspección, acceso a servicios de laboratorios acreditados mediante alianzas público-privadas y guías para el monitoreo de residuos de plaguicidas y otros contaminantes.
La iniciativa toma como antecedente los monitoreos ciudadanos citados por la bancada, cuyos resultados señalan que el 60% de las muestras analizadas fue considerado no apto para el consumo humano. Entre los casos mencionados figuran un pimiento con triasofos en 5,200% por encima del límite permitido y un tomate con fipronil en 1,280% de exceso.
"La defensa del consumidor empieza antes de que el producto llegue al mercado. No podemos esperar a que una persona se intoxique para recién actuar", expresó el senador Jaime Delgado, afirmando que "el Estado tiene la obligación de prevenir, fiscalizar y retirar oportunamente cualquier alimento que ponga en riesgo la salud de los peruanos".
Trazabilidad de alimentos desde el campo hasta el consumidor
Uno de los principales cambios propuestos es la creación de un sistema de trazabilidad agraria para identificar y rastrear los productos de origen agropecuario durante toda la cadena de suministro. El mecanismo permitirá registrar información sobre el origen, procesamiento, distribución y venta de los alimentos.
La obligación alcanzará a proveedores directos e intermediarios, transportistas, mercados de abastos y supermercados, entre otros actores. Estos deberán llevar un registro del origen específico de los productos que comercialicen, de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca el reglamento.
La propuesta también contempla que Senasa, Digesa y Sanipes publiquen en sus respectivos portales web la información obtenida mediante sus procesos de monitoreo. Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, deberá difundir estos datos para facilitar una comunicación oportuna sobre productos que representen un peligro para los consumidores.
Sanciones y retiro de alimentos contaminados
El uso indebido de plaguicidas agrícolas que represente un riesgo para la salud pública o el medioambiente será considerado una infracción muy grave. La aplicación de las sanciones corresponderá a las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 001-2015-MINAGRI.
La propuesta determina además que los alimentos que excedan los límites máximos permitidos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, metales pesados, contaminantes microbiológicos u otros parámetros serán considerados no aptos para el consumo humano. En esos casos, las autoridades sanitarias deberán ordenar su inmovilización, retiro del mercado o prohibición de comercialización.
La iniciativa cobra relevancia tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoció un estado de cosas inconstitucional por la respuesta estatal frente a determinados riesgos sanitarios y ambientales vinculados con plaguicidas y alimentos de origen vegetal. El fallo dispuso medidas relacionadas con el clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin.