César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional de La Libertad, rechazó la sentencia que lo condenó a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación a la libertad de trabajo. A través de un comunicado, sostuvo que durante el proceso se vulneraron su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que anunció acciones legales contra los funcionarios que participaron en el caso.
La reacción de Acuña ocurrió luego de que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo lo hallara responsable de incumplir un mandato judicial que ordenaba el pago de beneficios laborales a favor de una docente.
César Acuña rechaza condena de un año y medio de prisión
En su pronunciamiento, César Acuña sostuvo que el proceso laboral concluyó varios años antes de asumir funciones como gobernador regional de La Libertad. Además, afirmó que la jueza Lola Peralta García tramitó el expediente sin notificarlo en su domicilio real y posteriormente remitió el caso al Ministerio Público.
Según el líder de APP, tanto el fiscal Alejandro Urtecho Navarro como la jueza Katherine Granda Fernández desestimaron las pruebas que presentó para acreditar esa presunta irregularidad.
"Rechazo tajantemente las acciones ilegales del fiscal Alejandro Urtecho Navarro y las juezas Lola Peralta García y Katherine Granda Fernández, quienes vulneraron mi derecho a la defensa y al debido proceso", señaló en su comunicado.
Asimismo, indicó que instruyó a su equipo legal para presentar denuncias contra los involucrados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, al considerar que habrían existido actuaciones arbitrarias durante el proceso penal.
Líder de APP confirma apelación
En su comunicado, el exgobernador también citó la Resolución N.º 02, emitida el 25 de junio de 2026 por la Tercera Sala Especializada Laboral de La Libertad, para sostener que nunca fue notificado en su domicilio real y que las comunicaciones judiciales se efectuaron en una dirección distinta.
Con ese argumento, insistió en que la sentencia penal se sustentó en un procedimiento irregular y manifestó su confianza en que las instancias superiores corregirán la decisión judicial.
Finalmente, informó que su defensa interpuso un recurso de apelación contra la condena, el cual fue admitido y deberá resolverse en los próximos días. Mientras tanto, la sentencia permanece como un fallo de primera instancia.
Poder Judicial impuso prisión suspendida por incumplir pago de beneficios laborales
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo condenó a Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida tras concluir que incumplió un mandato judicial que ordenaba el pago de S/ 88.525,35 por concepto de devengados de la bonificación por preparación de clases e intereses legales a favor de una docente.
Durante el juicio, la defensa alegó que el exgobernador nunca conoció formalmente la resolución judicial y sostuvo que el desembolso dependía del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la magistrada consideró acreditado que Acuña fue válidamente notificado y que omitió ejecutar o programar el pago pese al apercibimiento de una denuncia penal.
Además de la pena suspendida, la sentencia ordenó el pago de S/ 97.377,88, monto que comprende la deuda laboral pendiente y la reparación civil, de los cuales S/ 8.852,53 corresponden a este último concepto.