Una medida cautelar dictada por un juez con un extenso historial de cuestionamientos acaba de poner en pausa una operación empresarial valorizada en cerca de US$50 millones. El magistrado es Juan Gustavo Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil, subespecialidad Comercial, de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El 30 de junio de 2026, mediante la Resolución N.° 1, Varillas ordenó una medida cautelar de no innovar que suspende la venta del Grupo El Comercio. La decisión fue dictada fuera de proceso, por lo que la Empresa Editora El Comercio no puede conocer todavía los términos de la demanda principal. La resolución dispone que los tres accionistas inicien, en un plazo de diez días, un proceso arbitral y que el tribunal correspondiente quede instalado dentro de un máximo de 90 días.
Pero hay un dato que genera especial atención. Para bloquear una operación cercana a los US$50 millones, el juez fijó como contracautela una carta fianza de apenas US$50.000.
Es decir, el respaldo económico exigido para proteger a la parte eventualmente afectada por la medida representa alrededor del 0,1% del valor de la operación que se busca paralizar.
La dimensión de la decisión cobra otra relevancia al revisar el historial del magistrado.
Un juez con investigaciones y sanciones
Según información del Ministerio Público, Juan Gustavo Varillas Solano registra ocho investigaciones penales iniciadas desde 2019, relacionadas con presuntos delitos que incluyen prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, omisión de actos funcionales, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros.
De acuerdo con los antecedentes revisados, tres de estos casos llegaron al Poder Judicial en calidad de imputado y son tramitados ante órganos jurisdiccionales superiores de Lima y la Corte Suprema.
Entre las imputaciones que aparecen en los procesos figuran presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, tráfico de influencias y avocamiento ilegal a proceso en trámite.
Estos antecedentes no implican por sí mismos una condena, pero forman parte del historial judicial que rodea al magistrado que actualmente tiene en sus manos una medida capaz de detener una operación empresarial de decenas de millones de dólares.
El nombre de Varillas aparece en casos de alto impacto
Al magistrado Juan Varillas Solano, según La República, también se le menciona en investigaciones y controversias judiciales vinculadas a algunos de los casos más sensibles de los últimos años.
La red Orellana: Su nombre aparece relacionado con investigaciones sobre el funcionamiento de una red dedicada, entre otros aspectos, al uso de arbitrajes y medidas cautelares. En ese contexto se investigaron presuntos pagos a cambio de resoluciones judiciales.
Los Cuellos Blancos del Puerto: Varillas Solano también aparece en los antecedentes del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. En uno de los audios atribuidos al exjuez César Hinostroza se hace referencia a Varillas en el contexto de una solicitud para atender a un abogado.
Oncoserv: Su actuación fue cuestionada en el caso Oncoserv, se relaciona con con medidas cautelares que involucraron retenciones y pagos anticipados y que terminaron comprometiendo recursos públicos por más de US$8,5 millones.
Los derechos televisivos de la Liga 1: En 2023, Varillas Solano dictó una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que suspendió los contratos de transmisión televisiva que varios clubes mantenían con el Consorcio Fútbol Peruano, conocido como GolPerú.
La decisión provocó un conflicto de grandes dimensiones entre la FPF y los principales clubes del fútbol peruano. Por esa actuación, se suspendió al magistrado durante seis meses.
Una suspensión de seis meses
El 7 de marzo de 2024, Juan Varillas Solano fue suspendido por seis meses luego de que una instancia disciplinaria cuestionara la manera en que tramitó una medida cautelar a favor del entonces presidente de la FPF, Agustín Lozano.
El procedimiento fue calificado en el ámbito disciplinario como “exprés” y “automático”, según los antecedentes del caso. La medida cautelar había suspendido los contratos de transmisión de la Liga 1 que Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano mantenían con el Consorcio Fútbol Peruano.
Una vez cumplida la sanción, Varillas Solano regresó al Séptimo Juzgado Civil, subespecialidad Comercial de Lima.
La Procuraduría también puso la lupa sobre sus resoluciones
Los cuestionamientos no se limitan al ámbito penal o disciplinario.
La Procuraduría General del Estado ha promovido denuncias y procedimientos contra el magistrado por distintas decisiones cautelares que, según sus cuestionamientos, terminaron afectando la capacidad del Estado para ejecutar garantías vinculadas a obras públicas.
Uno de los casos corresponde al Consorcio Salud Tacna. En 2019, Varillas dictó medidas cautelares de no innovar que impidieron al Gobierno Regional de Tacna resolver un contrato y ejecutar las cartas fianza de una obra que registraba un avance retrasado.
La Procuraduría también cuestionó decisiones relacionadas con los hospitales de Huarmaca y Huancabamba, en Piura; Lorena, en Cusco; y Chala, en Arequipa.
En este último caso, se trataba de una obra con fondos comprometidos por alrededor de S/600 millones y que permanecía paralizada desde hacía años.
El caso del peaje de Chillón
Otro de los expedientes que puso al magistrado en el centro de la controversia fue el relacionado con el peaje de Chillón, en Puente Piedra.
Varillas Solano admitió una demanda presentada por la asociación Casa Huerta El Paraíso - Puente Piedra. Esta acción buscaba suspender el cobro del peaje administrado por Rutas de Lima.
Nuevamente, una medida cautelar dictada desde un juzgado comercial terminó teniendo consecuencias que trascendían ampliamente a las partes del proceso.
Las sanciones que recibió
A nivel disciplinario, los antecedentes disponibles registran una suspensión de seis meses y dos multas equivalentes al 12% de su haber.
Una de estas sanciones estuvo relacionada con el cuestionamiento a su desempeño en el juzgado. La otra se originó en una queja presentada por Repsol Exploración Perú. ¿Por qué razón? Se basó en los costos procesales fijados durante un arbitraje entre la empresa y Helicopter Transport Services del Perú S.A.C.
En paralelo, en febrero de 2019, un órgano superior de investigación preparatoria impuso a Varillas Solano, junto con el entonces magistrado Salazar Laynes, comparecencia restringida, tres reglas de conducta y una caución de S/15.000, decisión que posteriormente se confirmó en una instancia superior, la Sala Penal de la Corte Suprema.
Entre las restricciones se encontraba la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de acercarse al empresario Eddy Luis Manfreda Geraldino.
Ahora, una nueva medida millonaria
Es en este contexto que aparece la resolución que paraliza la venta del Grupo El Comercio. El punto central no es únicamente que una medida cautelar pueda detener temporalmente una operación empresarial de aproximadamente US$50 millones. Lo que vuelve especialmente sensible el caso es que la decisión proviene de un magistrado que ha sido objeto de investigaciones fiscales, procesos judiciales, sanciones disciplinarias y cuestionamientos de la Procuraduría por otras medidas cautelares de impacto económico.
La resolución exige una carta fianza de US$50.000 para mantener vigente una decisión que congela una operación de alrededor de US$50 millones. La proporción entre ambos montos plantea una pregunta inevitable: ¿es suficiente esa contracautela para cubrir el eventual perjuicio provocado por una medida capaz de paralizar una operación de semejante magnitud?
La respuesta deberá ser determinada en las instancias correspondientes. Lo que sí está claro es que la decisión vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de las medidas cautelares en el sistema de justicia comercial y, en particular, la actuación del juez Juan Gustavo Varillas Solano. Mientras el arbitraje que ordenó iniciar la resolución sigue su curso, la venta permanece suspendida.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un viejo problema de la justicia peruana: cuando una medida cautelar puede paralizar contratos, obras, concesiones o transacciones de millones de dólares, el poder de una sola resolución judicial puede ser enorme. Y ese poder exige, precisamente, el máximo estándar de transparencia, motivación y control.