Apenas iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, uno de los primeros proyectos enviados al Congreso podría cambiar la estructura del Estado peruano. El Ejecutivo solicitó 120 días de facultades legislativas para aprobar decretos en materias como seguridad, economía, empleo y modernización del Estado, pero uno de los puntos que más ha llamado la atención es la posibilidad de crear, fusionar, dividir, reestructurar o eliminar organismos públicos.
¿Significa esto que desaparecerán instituciones como Sunat, Indecopi o Sunafil? ¿Qué implicancias tendría una reorganización de esta magnitud? Estas son las claves del proyecto presentado por el Ejecutivo.
¿Qué busca el Gobierno con la reorganización del Estado?
La propuesta forma parte del eje de modernización del Estado y busca otorgar al Ejecutivo la capacidad de reorganizar entidades públicas sin tener que presentar una ley específica para cada caso.
Según el proyecto, el objetivo es reducir la duplicidad de funciones, simplificar la administración pública y hacer más eficiente el funcionamiento del aparato estatal.
En la práctica, el Gobierno podría fusionar instituciones que desarrollen funciones similares, redistribuir competencias entre organismos o trasladar recursos, personal y presupuesto hacia otras entidades que continúen prestando el servicio.
¿Qué entidades públicas podrían ser reorganizadas?
Aunque el proyecto no establece una lista de instituciones que serán modificadas, sí abre la posibilidad de que cualquier organismo adscrito al Poder Ejecutivo pueda ser objeto de una reorganización.
Entre las entidades que podrían verse comprendidas figuran Sunat, Indecopi, Sunafil, Reniec, Osinergmin, Osiptel, Serfor, Sernanp, Senace, Devida, Pronabec, Cofopri, Agromercado, entre otras.
Esto no significa que todas serán fusionadas o eliminadas, sino que el Ejecutivo tendría la facultad de evaluar su estructura y proponer cambios mediante decretos legislativos si el Congreso aprueba la delegación de facultades.
Facultades legislativas de Keiko Fujimori: ¿El Gobierno podrá cerrar ministerios?
No. El proyecto precisa que la reorganización deberá garantizar la continuidad de los servicios públicos y respetar el marco constitucional vigente.
Si bien el Ejecutivo podría modificar estructuras internas y reorganizar organismos adscritos a los ministerios, la eliminación de un ministerio no depende únicamente de estas facultades, ya que está regulada por normas de rango superior.
¿Qué pasará con los trabajadores del Estado?
La iniciativa también incorpora cambios relacionados con la gestión del empleo público.
Entre ellos se plantea fortalecer la meritocracia, estableciendo mayores requisitos para acceder a cargos directivos y de confianza. Así como impulsar evaluaciones basadas en el desempeño de los servidores públicos.
Asimismo, propone crear incentivos económicos voluntarios para quienes decidan dejar la administración pública durante los procesos de reorganización.
El proyecto aclara que estas medidas no autorizan el despido de trabajadores con estabilidad laboral, quienes conservarán los derechos que les reconoce la legislación vigente.
Facultades legislativas: no solo plantea reorganizar entidades
La reorganización institucional forma parte de un paquete más amplio de facultades legislativas que el Ejecutivo solicita por 120 días calendario.
Durante ese periodo también pretende legislar sobre seguridad ciudadana, desarrollo económico, inversión privada, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, cambios tributarios y protección de las micro y pequeñas empresas (MYPE).
Entre las propuestas también figura la posibilidad de modificar el régimen de los feriados nacionales para racionalizar su uso y fomentar la productividad. Un punto que ha generado debate porque contrasta con las declaraciones previas de Keiko Fujimori. La cual en su momento aseguró que su gobierno no tenía previsto eliminar ni crear nuevos feriados y que mantendría el calendario vigente para favorecer el turismo interno.