El Gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia en Pataz y Loreto con el objetivo de fortalecer las acciones contra la minería ilegal, las organizaciones criminales y los grupos hostiles que operan en estas zonas del país. La medida también busca reforzar el control migratorio y la vigilancia de las fronteras en la región amazónica, en un contexto de persistentes amenazas a la seguridad nacional.
La decisión fue oficializada mediante dos decretos supremos publicados este sábado 25 de julio en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Ambas disposiciones entrarán en vigor el próximo 4 de agosto y tendrán una vigencia de 60 días calendario.
Estado de emergencia en Pataz y Loreto continuará por 60 días
A través del Decreto Supremo N.° 113-2026-PCM, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, debido a la presencia de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, así como otras manifestaciones de violencia que afectan el orden público.
Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de extracción ilegal de oro en el país. En los últimos años, las autoridades han desplegado diversos operativos para combatir redes criminales que disputan el control de esta actividad, generando enfrentamientos armados, extorsiones y ataques contra trabajadores y pobladores.
Como parte de las medidas extraordinarias, el Ejecutivo mantendrá la inmovilización social obligatoria entre las 22:00 y las 05:00 horas, restricción que continuará vigente durante toda la prórroga del estado de emergencia.
Loreto refuerza seguridad y control fronterizo
Mediante el Decreto Supremo N.° 114-2026-PCM, el Gobierno también prorrogó el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, así como en los distritos de Torres Causana y Napo, ubicados en la región Loreto.
Según el Ejecutivo, la medida responde a la necesidad de enfrentar el accionar de grupos hostiles y amenazas conexas que ponen en riesgo la seguridad en la frontera amazónica. Asimismo, permitirá fortalecer las labores de control migratorio y vigilancia territorial en una zona considerada estratégica por su cercanía con países vecinos.
Las autoridades buscan evitar el ingreso irregular de personas, combatir actividades ilícitas transnacionales y reforzar la presencia del Estado en áreas de difícil acceso.
Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno
Durante la vigencia de ambas declaratorias, las Fuerzas Armadas continuarán a cargo del control del orden interno en las zonas comprendidas por el estado de emergencia, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) brindará apoyo operativo para el cumplimiento de las acciones de seguridad.
Esta modalidad permite restringir determinados derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, cuando las circunstancias lo requieren y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la legislación vigente.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas excepcionales buscan garantizar la seguridad de la población y recuperar el control en territorios afectados por economías ilegales y actividades delictivas.
Una estrategia para enfrentar amenazas persistentes
La nueva prórroga evidencia que el Gobierno considera que las condiciones que motivaron la declaratoria inicial aún persisten. En el caso de Pataz, la lucha contra la minería ilegal continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades, debido a la capacidad operativa de las organizaciones criminales que financian esta actividad.
En Loreto, el fortalecimiento del control fronterizo forma parte de una estrategia orientada a enfrentar delitos transnacionales como el tráfico ilícito, el contrabando y otras actividades que aprovechan la compleja geografía amazónica.
Los decretos supremos llevan las firmas del presidente José María Balcázar, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de los ministros de Estado correspondientes.