La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) advirtió sobre acciones que, según señaló, podrían afectar su autonomía institucional y reiteró que el licenciamiento universitario es una herramienta indispensable para garantizar una educación superior de calidad en beneficio de los estudiantes y de la ciudadanía.
El pronunciamiento fue realizado por el superintendente, Vicente Paul Espinoza Santillán, durante una entrevista y en su participación en una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde expresó su preocupación por una reciente disposición emitida por el Ministerio de Educación.
La autoridad sostuvo que la independencia técnica de la Sunedu resulta fundamental para preservar la objetividad en la supervisión del sistema universitario peruano.
Sunedu cuestionó cambios en la designación de su Consejo Directivo
Durante su exposición, el titular de la entidad señaló que la Resolución Ministerial N.º 338-2026 modificaría los términos de designación de los integrantes del Consejo Directivo mediante la incorporación de “periodos complementarios”, una figura que, según indicó, no está contemplada en la Ley Universitaria.
Espinoza Santillán recordó que el artículo 17 de la Ley N.º 30220 establece expresamente que los miembros del Consejo Directivo ejercen funciones por un periodo de tres años.
Asimismo, sostuvo que cualquier interpretación distinta podría afectar la estabilidad institucional y la independencia funcional de la superintendencia.
El funcionario también remarcó que la autonomía de la Sunedu está reconocida por la Ley N.º 31520 y respaldada por criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional.
Licenciamiento protege la calidad educativa y a los estudiantes
La entidad reiteró que el licenciamiento universitario constituye un mecanismo técnico indispensable para garantizar que las universidades públicas y privadas cumplan condiciones básicas de calidad.
Este proceso evalúa aspectos fundamentales como la infraestructura, la capacidad docente, la investigación académica y la sostenibilidad institucional.
Según la Sunedu, estos estándares permiten proteger el derecho de los estudiantes a acceder a una formación profesional adecuada y contribuyen a fortalecer el sistema universitario nacional.
Espinoza Santillán enfatizó que la defensa de la autonomía institucional no responde a intereses particulares, sino a la necesidad de preservar una entidad técnica e independiente.
Más de 60 universidades públicas aún no cuentan con licenciamiento
Durante su presentación, el superintendente informó que existen alrededor de 60 universidades públicas creadas por ley que todavía no han obtenido el licenciamiento institucional.
Esta situación les impide desarrollar procesos de admisión de nuevos estudiantes.
“Se pueden haber creado estas universidades por ley, pero si no pasan las condiciones básicas de calidad no van a poder admitir a ningún estudiante”, explicó.
La Sunedu recordó que el cumplimiento de los requisitos establecidos es obligatorio para garantizar una oferta educativa adecuada.
Supervisión universitaria continuará pese a la controversia
El titular de la entidad aseguró que, pese al contexto de cuestionamientos institucionales, la Sunedu mantendrá operativos sus servicios esenciales.
Entre ellos figuran el registro de grados y títulos, el registro de autoridades universitarias y la tramitación de los procedimientos de licenciamiento que actualmente se encuentran en evaluación.
Asimismo, destacó que desde la creación de la institución en 2014 varias universidades fueron retiradas del sistema por incumplir los estándares mínimos exigidos.
A su juicio, esta labor de supervisión ha contribuido significativamente a elevar la calidad del sistema universitario peruano.
En resumen
La advertencia formulada por la Sunedu pone nuevamente en debate la importancia de preservar la autonomía de las instituciones encargadas de supervisar la educación superior. Mientras la entidad defiende la continuidad del licenciamiento universitario como una herramienta técnica y necesaria, el debate sobre su independencia institucional podría marcar una nueva etapa en la política educativa del país.