La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) aprobó el archivo definitivo de la denuncia constitucional presentada contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y declaró improcedentes otras nueve denuncias constitucionales que involucraban a diversas autoridades, entre ellas congresistas, exministros, fiscales y al defensor del Pueblo.
La sesión, presidida por la congresista Lady Camones, estuvo marcada por una serie de decisiones que reducen significativamente el número de procesos que podrían avanzar hacia investigaciones parlamentarias o eventuales acusaciones constitucionales.
Archivo de la denuncia contra Alberto Otárola
Con nueve votos a favor y dos en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 520, presentada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena.
La denuncia señalaba a Alberto Otárola como presunto instigador de delitos vinculados a la administración pública, específicamente colusión simple y agravada, por una supuesta injerencia indebida en contrataciones dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Según la acusación, Otárola habría favorecido a Rosa Rivera Bermeo, una persona de su entorno cercano, mediante la obtención irregular de dos órdenes de servicio en dicha entidad.
Sin embargo, el informe concluyó que no existe evidencia suficiente para acreditar una participación directa del exjefe del Gabinete Ministerial ni elementos probatorios adicionales presentados por el Ministerio Público que permitan sustentar la acusación.
Asimismo, la subcomisión determinó que tampoco se pudo establecer una vinculación directa entre Alberto Otárola y la trabajadora mencionada en la denuncia.
Denuncia contra Pedro Castillo fue archivada
Otro de los casos más relevantes fue la Denuncia Constitucional 620, presentada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo, tres exministros y 24 congresistas.
La denuncia atribuía a Pedro Castillo el liderazgo de una presunta organización criminal que habría operado desde el Ejecutivo y mantenido un supuesto “brazo congresal” para obtener respaldo político a cambio de beneficios.
El informe de calificación proponía admitir parcialmente la denuncia respecto a Castillo, algunos exministros y diez parlamentarios. Sin embargo, la propuesta no prosperó dentro de la comisión.
Posteriormente, el congresista Elvis Vergara solicitó el archivo integral del expediente, iniciativa que fue aprobada por mayoría con siete votos a favor.
Defensor del Pueblo y Patricia Benavides entre los casos rechazados
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también declaró improcedentes denuncias contra diversas autoridades.
Entre ellas figura la presentada contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, acusado de un presunto nombramiento irregular en la oficina defensorial de La Libertad. El informe concluyó que la denuncia no cumplía los requisitos necesarios para continuar su trámite.
Asimismo, se archivó la denuncia contra la fiscal suprema Patricia Benavides, quien era investigada por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
En ambos casos, los informes fueron aprobados por amplia mayoría dentro del Congreso.
Congresistas y exministros también fueron favorecidos
La sesión incluyó denuncias contra varios parlamentarios y exfuncionarios públicos.
Se declararon improcedentes las denuncias contra los congresistas Elizabeth Medina, Luis Cordero y Carlos Zeballos, quienes enfrentaban acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, recorte de remuneraciones y falsedad ideológica.
También se rechazó la denuncia impulsada por la congresista Ruth Luque contra Josué Gutiérrez, vinculada a presuntas irregularidades en el proceso de elección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
De igual forma, se archivó la denuncia contra los exministros de Vivienda Francisco Whittembury y Alejandro Sifuentes, quienes fueron señalados por presuntas irregularidades en el nombramiento del presidente del directorio de Sedalib.
Finalmente, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, delegó a la congresista Ana Zegarra el trámite de la Denuncia Constitucional 375, que continuará su curso parlamentario.
En resumen
La última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dejó un balance favorable para varias exautoridades y funcionarios investigados, al cerrar la puerta a múltiples denuncias constitucionales que no lograron reunir el sustento necesario para continuar su trámite parlamentario.
Las decisiones adoptadas reflejan la complejidad política y jurídica que rodea este tipo de procesos dentro del Congreso, especialmente cuando involucran a figuras de alto perfil como Alberto Otárola, Pedro Castillo, Patricia Benavides y Josué Gutiérrez, en un escenario donde las investigaciones y las responsabilidades políticas siguen siendo objeto de debate público.