El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado para aclarar las circunstancias del ingreso del congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez al penal de Barbadillo, una visita que generó cuestionamientos en medio de la segunda vuelta presidencial.
El INPE sostuvo que actuó estrictamente conforme al marco legal vigente y rechazó que se haya otorgado algún beneficio especial, autorización extraordinaria o trato privilegiado al legislador.
Según precisó, el ingreso se realizó al amparo del artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, que permite a los congresistas de la República acceder a establecimientos penitenciarios previa identificación y en ejercicio de sus funciones.
INPE asegura que no hubo autorización especial
En su pronunciamiento, el organismo penitenciario enfatizó que el procedimiento aplicado a Roberto Sánchez fue el mismo que corresponde a cualquier parlamentario que ejerce dicha facultad.
“El INPE no otorgó autorización especial, beneficio, privilegio ni tratamiento excepcional”, señaló la institución.
Asimismo, indicó que el congresista ingresó sin acompañantes y bajo los protocolos habituales de control, identificación y seguridad establecidos para este tipo de visitas.
La entidad añadió que no se permitió el ingreso de una comitiva ni de personas ajenas al procedimiento autorizado por la normativa vigente.
Niegan participación en actividades proselitistas
Uno de los puntos centrales del comunicado está referido a las críticas surgidas por la coincidencia de la visita con la jornada electoral.
Frente a ello, el INPE afirmó que no autorizó ni facilitó actividades de carácter político o proselitista dentro del establecimiento penitenciario.
La institución sostuvo que su actuación se limitó exclusivamente a aplicar las disposiciones legales relacionadas con el ingreso de congresistas y a garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad penitenciaria.
“El INPE no autorizó ni facilitó ningún acto proselitista dentro del establecimiento penitenciario”, remarcó el comunicado.
Institución invoca respeto a la separación de poderes
La entidad también defendió la obligación de aplicar la normativa vigente sin interpretaciones discrecionales.
Según explicó, impedir el ingreso de un congresista sin una prohibición legal expresa podría constituir una actuación arbitraria y generar responsabilidades para los funcionarios involucrados.
En ese sentido, el organismo recordó que no tiene facultades para crear restricciones que no estén contempladas en la ley ni para limitar atribuciones reconocidas a otro poder del Estado.
El comunicado subraya además que cualquier revisión o modificación de estas facultades corresponde al Congreso y a las instancias competentes, no a la administración penitenciaria.
Evaluación de eventuales responsabilidades corresponde a otras autoridades
Respecto a los cuestionamientos sobre la finalidad de la visita realizada por Roberto Sánchez, el INPE señaló que no le corresponde determinar si el legislador actuó dentro o fuera de sus funciones parlamentarias.
La institución indicó que cualquier análisis sobre un eventual uso indebido de esta prerrogativa deberá ser efectuado por el Congreso de la República o por las autoridades que tengan competencia legal para ello.
De esta manera, la entidad buscó deslindar responsabilidades sobre el contenido o propósito político que algunos sectores atribuyen a la visita realizada al establecimiento penitenciario.