El Gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia en Pataz, Putumayo y Ramón Castilla por un período adicional de 60 días, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad frente a la criminalidad organizada, la minería ilegal y otras amenazas que afectan a estas jurisdicciones.
La medida fue oficializada mediante los decretos supremos N.º 084-2026-PCM y N.º 085-2026-PCM, publicados en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en los distritos de Torres Causana y Napo, ubicados en la región Loreto, donde también se reforzará la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La decisión forma parte de la estrategia gubernamental para recuperar el control del territorio en zonas consideradas críticas por la presencia de organizaciones criminales y actividades ilícitas.
Estado de emergencia en Pataz continuará con control militar
En la provincia de Pataz, región La Libertad, la ampliación del estado de emergencia en Pataz permitirá mantener el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de control del orden interno.
Según la norma, los militares seguirán liderando las operaciones de seguridad con apoyo de la Policía Nacional del Perú para enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otros delitos que generan violencia en la zona.
Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para las autoridades debido al crecimiento de actividades ilegales relacionadas con la extracción de minerales, así como por los enfrentamientos registrados entre grupos criminales que disputan el control de territorios y recursos.
El Gobierno considera que la continuidad de estas medidas excepcionales es necesaria para garantizar la seguridad de la población y restablecer las condiciones de orden público.
Restricciones seguirán vigentes durante la emergencia
Como parte de la ampliación del estado de emergencia en Pataz, continuarán vigentes diversas restricciones constitucionales contempladas en la legislación peruana.
Entre ellas se encuentran limitaciones relacionadas con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal.
Asimismo, se mantendrá la inmovilización social obligatoria en el horario comprendido entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, medida que busca facilitar las operaciones de control y reducir el margen de acción de las organizaciones criminales.
Las autoridades han señalado que estas restricciones forman parte de las acciones necesarias para combatir la criminalidad en una de las provincias más golpeadas por la minería ilegal.
Loreto refuerza vigilancia en zonas fronterizas
La ampliación del estado de emergencia también alcanza a las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto.
En estas jurisdicciones, las acciones estarán orientadas principalmente a enfrentar el accionar de grupos hostiles y reforzar la seguridad en zonas de frontera.
El Gobierno explicó que la medida permitirá fortalecer los controles migratorios y la vigilancia territorial en sectores estratégicos de la Amazonía peruana, donde existen riesgos asociados al crimen transnacional y actividades ilícitas vinculadas al tráfico ilegal.
La presencia conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional busca garantizar una mayor capacidad de respuesta frente a posibles amenazas que comprometan la seguridad nacional.
Torres Causana y Napo ingresan en estado de emergencia
Además de las prórrogas ya vigentes, el Ejecutivo decidió declarar el estado de emergencia en los distritos de Torres Causana y Napo, ambos ubicados en la provincia de Maynas, región Loreto.
La medida tendrá una duración inicial de 60 días calendario y permitirá que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional.
Según el Gobierno, esta decisión responde a la necesidad de prevenir el avance de amenazas vinculadas a actividades ilegales que operan en zonas fronterizas y de difícil acceso.
Las autoridades consideran prioritario reforzar la presencia estatal en estos territorios para proteger a las comunidades y garantizar el respeto al orden público.
Estrategia nacional contra la criminalidad organizada
La ampliación del estado de emergencia en Pataz y Loreto forma parte de una política más amplia impulsada por el Ejecutivo para enfrentar el avance de las economías ilegales y las organizaciones criminales.
En los últimos meses, el Gobierno ha intensificado las acciones de seguridad en distintas regiones del país, especialmente en aquellas afectadas por minería ilegal, narcotráfico, contrabando y delitos transfronterizos.
La estrategia contempla el despliegue permanente de efectivos militares y policiales, así como operativos de control, patrullaje y vigilancia en zonas consideradas de alto riesgo.
Las autoridades sostienen que estas medidas buscan recuperar espacios donde la presencia del Estado se ha visto amenazada por actividades ilícitas que afectan tanto la seguridad ciudadana como el desarrollo económico y social de las comunidades.
Seguridad y control territorial seguirán siendo prioridad
Con la ampliación de estas medidas extraordinarias, el Gobierno busca consolidar las acciones de seguridad en regiones estratégicas del país y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden.
La continuidad del estado de emergencia refleja la preocupación de las autoridades frente al avance de la criminalidad organizada y la necesidad de mantener una respuesta firme para proteger a la población y garantizar el orden interno.