La Fiscalía de la Nación ha decidido archivar la investigación que pesaba sobre Dina Boluarte, expresidenta de Perú, por el presunto delito de falsedad genérica. Esta noticia fue comunicada por su abogado, Juan Carlos Portugal, a través de un mensaje en sus redes sociales.
Según el defensor legal, los peritajes realizados por el Ministerio Público determinaron que las firmas que se consideraban falsas pertenecían realmente a Boluarte. Este caso ha estado vinculado al denominado “Caso Cirugías”, donde la investigación preliminar había surgido en torno a la solicitud de un análisis sobre la validez de su firma en documentos oficiales.
¿De qué se le acusaba a Dina Boluarte?
La investigación preliminar se inició a raíz de la controversia generada por una supuesta cirugía estética a la que se habría sometido Dina Boluarte. La Fiscalía señalaba que la expresidenta había ordenado a terceros firmar normas oficiales del gobierno mientras se recuperaba de esta intervención, realizada por el médico Mario Cavani.
El Ministerio Público abrió esta carpeta fiscal específicamente después de las polémicas declaraciones del cirujano, las cuales pusieron en jaque la credibilidad de la entonces mandataria. En su momento, Boluarte aseguró que la intervención médica fue por motivos de salud y que, durante ese periodo, estuvo inhabilitada para ejercer sus funciones presidenciales.
La tesis fiscal sostenía que Dina Boluarte habría incurrido en falsedad al simular o alterar intencionalmente la verdad, aparentando la autenticidad de actos oficiales. Esto incluía la suscripción de diversas normas entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que, según la acusación, se encontraba físicamente imposibilitada de hacerlo tras la operación.
¿Qué dice la defensa de Boluarte?
Según la defensa legal de la exmandataria, el archivo del caso se fundamenta en tres pilares principales. El primero de estos aspectos es una pericia grafo técnica que confirmó que las firmas en cuestión pertenecen efectivamente a Boluarte.
El segundo argumento presentado por su abogado es que no existía un “mandato o prescripción médica” que impidiera a Boluarte desempeñar sus funciones como presidenta durante el periodo en el que se produjo la controversia.
Por último, la defensa subrayó que la evidencia tanto documental como testimonial reunida sostiene que Boluarte tuvo una "participación activa" en las decisiones gubernamentales durante el lapse investigado. Esto refuerza la idea de que estuvo en la capacidad de actuar y participar en su rol presidencial.
A pesar de este archivo, la exmandataria aún debe enfrentar otra acusación dentro del "caso Cirugías". Boluarte Zegarra todavía debe demostrar su inocencia por presuntamente haber incurrido en el delito de usurpación de funciones.
