La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que busca endurecer las sanciones contra las estafas digitales en Perú, incluyendo fraudes realizados mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas electrónicas.
La propuesta plantea modificar el Código Penal para incorporar nuevos casos de estafa agravada y falsedad genérica agravada, en respuesta al incremento de delitos tecnológicos y ciberdelincuencia en el país.
Congreso busca elevar penas por estafas digitales
El grupo de trabajo presidido por Flavio Cruz aprobó el dictamen con 18 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
La iniciativa reúne proyectos de ley que buscan sancionar con mayor severidad los fraudes cometidos a través de medios digitales y herramientas tecnológicas.
Según el texto aprobado, quienes cometan estafas digitales mediante llamadas, mensajes o plataformas electrónicas podrían recibir penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas económicas.
El dictamen también considera como agravante el abuso de confianza derivado de actividades profesionales o empresariales.
Fraudes digitales aumentan en Perú
La propuesta legislativa surge en medio del incremento de modalidades de fraude vinculadas a la tecnología, donde delincuentes utilizan anonimato digital, suplantación de identidad y manipulación de información para engañar a ciudadanos.
En los últimos años, las denuncias por estafas realizadas mediante aplicaciones, redes sociales, mensajes falsos y llamadas fraudulentas han aumentado en distintas regiones del país.
El Congreso advirtió que estas modalidades dificultan la identificación de los responsables y generan importantes pérdidas económicas para las víctimas.
Por ello, el dictamen busca reforzar las herramientas legales para enfrentar a organizaciones y personas dedicadas a delitos informáticos.
Dictamen también sanciona certificados falsos
Otro punto incluido en la propuesta establece sanciones para quienes otorguen certificados, diplomas o constancias falsas relacionadas con grados académicos o títulos profesionales.
En esos casos, la pena planteada será de entre tres y cinco años de prisión para quienes emitan documentos sin que el beneficiario haya realizado los estudios correspondientes.
La Comisión de Justicia señaló que esta medida busca combatir redes de falsificación académica y proteger la legalidad de títulos y especializaciones profesionales.
Comisión debatió cambios en Procuraduría del Estado
Durante la misma sesión, la comisión también aprobó modificaciones vinculadas al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General del Estado.
La propuesta plantea cambios en la designación y evaluación de procuradores públicos, además de crear la figura de procuradores provisionales para entidades regionales y municipales.
Sin embargo, algunos congresistas expresaron cuestionamientos sobre posibles efectos en la estabilidad institucional y autonomía de la Procuraduría.
La sesión también incluyó el rechazo de iniciativas relacionadas con la creación de la figura del abogado certificador y la nueva Ley de la Abogacía Peruana.