La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta uno de sus desafíos legales más críticos. Una sentencia de primera instancia busca obligar a la institución a garantizar la protección individual de cientos de dirigentes indígenas y "defensores de derechos humanos" dispersos en las zonas más recónditas del país. El problema radica en que muchas de estas comunidades se ubican en territorios donde la presencia policial es inexistente y el acceso requiere varios días de navegación.
El origen de esta controversia se remonta a abril de 2021, cuando el gobierno de Francisco Sagasti promulgó el Decreto Supremo 004-2021-JUS. Esta norma creó un mecanismo de protección que, según expertos y exautoridades del sector Interior, carece de sustento técnico y financiero. Actualmente, el Estado se encuentra enfrentado contra sí mismo: mientras el Ministerio de Justicia defiende la norma, la Procuraduría del Ministerio del Interior ha apelado el fallo por considerarlo "inejecutable".
Una investigación del periodista Miguel Ramírez revela que el cumplimiento de esta orden exigiría el despliegue de miles de agentes que hoy no son suficientes para combatir la criminalidad en las principales ciudades. El exviceministro del Interior, Jorge Cárdenas, advierte que la seguridad no puede individualizarse de esta manera, ya que atenta contra el principio constitucional de brindar protección a la sociedad en su conjunto.
Mañana expondremos los detalles de este proceso judicial que se mantiene bajo un hermético silencio por parte del Comandante General de la PNP y de los representantes del IDL, quienes impulsaron la medida. ¿Es posible proteger a quienes viven a días de distancia de la ley sin desmantelar la seguridad en las calles? Todos los pormenores de esta "bomba de tiempo" institucional, solo en nuestra edición especial.