La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) revisó seis informes relacionados con denuncias constitucionales presentadas contra exautoridades, congresistas y altos funcionarios del Estado. En todos los casos, el grupo parlamentario decidió declarar improcedentes las acusaciones y ordenar su archivo.
La sesión fue encabezada por Lady Camones Soriano, presidenta de la subcomisión, quien dirigió el debate de los distintos expedientes evaluados durante la jornada.
Entre los casos más relevantes figuran denuncias contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana Ysa y la congresista Rosio Torres Salinas.
Según los informes aprobados, las acusaciones no cumplían con los requisitos exigidos por el Reglamento del Congreso o no configuraban delitos de función ni infracciones constitucionales.
Denuncias constitucionales contra Dina Boluarte fueron rechazadas
Uno de los principales expedientes revisados fue la Denuncia Constitucional 592 presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra y otros exfuncionarios del Ejecutivo.
La denuncia estaba relacionada con las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en regiones como Apurímac, Ayacucho, Puno y Ucayali.
El informe concluyó que los hechos ya habían sido analizados anteriormente por el Congreso en otras denuncias constitucionales, por lo que se trataba de acusaciones reiteradas.
Finalmente, la subcomisión declaró improcedente la denuncia por mayoría.
Congreso archivó denuncia contra Eduardo Arana
La Subcomisión también evaluó la Denuncia Constitucional 603 presentada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard contra el premier Eduardo Arana Ysa.
La acusación señalaba presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento ilegal.
Sin embargo, el informe concluyó que las declaraciones públicas realizadas por Arana correspondían a coordinaciones institucionales y no constituían interferencia en procesos judiciales.
Por esa razón, la denuncia fue archivada tras ser declarada improcedente.
Rosio Torres y César Combina también fueron incluidos
Otro de los casos revisados fue la Denuncia Constitucional 606 contra la congresista Rosio Torres Salinas por un presunto delito de peculado.
El informe señaló que los hechos denunciados no encajaban dentro de ese tipo penal, debido a que el servicio de una persona subordinada no constituye un bien patrimonial del Estado.
La subcomisión aprobó el archivo de la denuncia por mayoría.
Asimismo, se evaluó la Denuncia Constitucional 703 contra el excongresista César Augusto Combina Salvatierra por presuntas irregularidades en declaraciones juradas de intereses.
El grupo parlamentario concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar un perjuicio directo ni responsabilidades penales.
Subcomisión revisó caso relacionado con la JNJ
Durante la sesión también se debatió la Denuncia Constitucional 621 vinculada a integrantes de la Comisión Especial encargada del proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia.
El informe determinó que no existían evidencias para configurar delitos ni infracciones constitucionales en el proceso cuestionado.
Tras las votaciones, todas las denuncias revisadas durante la jornada fueron declaradas improcedentes y enviadas al archivo.
Con ello, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cerró una nueva sesión centrada en casos de alto impacto político y judicial.