El Estado peruano reconoce a 3.2 millones de personas con discapacidad, pero solo tiene registradas a poco más de 619 mil. En ese vacío —que revela más de lo que explica— se sostiene la promesa oficial de cerrar brechas en uno de los sectores más vulnerables del país.
La cifra fue expuesta por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, durante su presentación ante la Comisión de Inclusión Social del Congreso, este martes 5 de mayo. Sin embargo, lejos de mostrar avances concretos, los datos evidenciaron una brecha estructural: la mayoría de personas con discapacidad permanece fuera de los sistemas de atención del Estado.
Personas con discapacidad: un problema que empieza por los datos
El principal desafío para las personas con discapacidad en el Perú no es solo el acceso a servicios, sino la falta de información actualizada. Las cifras oficiales aún se sostienen, en gran medida, en un censo realizado en 2017.
Esta limitación fue cuestionada desde el propio Congreso, donde se advirtió que miles de ciudadanos siguen invisibilizados en regiones como Tumbes y otras zonas del país.
Sin un registro completo, las políticas públicas se diseñan sobre una base incompleta, lo que dificulta la implementación de programas efectivos.
Brechas en salud y educación siguen abiertas
Durante la exposición, el MIMP reconoció que el 36.3 % de las personas con discapacidad no recibe atención en salud. En educación, la brecha alcanza el 39.7 %.
Estas cifras reflejan una realidad persistente: el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado para este sector, pese a los compromisos estatales de inclusión.
La ministra Pariona señaló que la prioridad para el 2026 es cerrar barreras en servicios, empleo, movilidad y protección social. Sin embargo, no se detallaron plazos ni resultados concretos.
Registro incompleto y políticas en construcción
El Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que debería ser la base de las políticas públicas, solo alcanza a una parte de la población. En el primer trimestre de 2026, se emitieron 15 mil nuevos carnés, una cifra que evidencia el lento avance del proceso.
El objetivo del Ejecutivo es convertir este registro en una puerta de acceso a beneficios económicos, servicios de salud y oportunidades laborales para las personas con discapacidad.
No obstante, mientras la mayoría siga fuera del sistema, el alcance de estas medidas será limitado.
Congreso pone bajo la lupa al MIMP
Desde la Comisión de Inclusión Social, los parlamentarios plantearon cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas del sector.
Se consultó, por ejemplo, qué mecanismos de supervisión se están aplicando para garantizar que los recursos destinados a las personas con discapacidad sean ejecutados correctamente en gobiernos regionales y locales.
También se puso sobre la mesa el cumplimiento de la cuota laboral del 5 %, una medida que, en la práctica, enfrenta dificultades para su implementación.
Inclusión pendiente
El debate evidencia un problema de fondo: la inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo una promesa en construcción.
Mientras el Estado no logre identificar con precisión a esta población, cualquier estrategia para cerrar brechas tendrá un alcance limitado.
¿Se puede hablar de inclusión sin datos actualizados? ¿Es posible diseñar políticas eficaces sin conocer la dimensión real del problema?
Por ahora, las cifras revelan más una deuda que un avance.