A tres semanas de las elecciones generales del 12 y 13 de abril de 2026, un informe de observación electoral aporta claridad en medio de cuestionamientos y versiones sobre un posible fraude electoral. El balance general concluye que no existió manipulación de resultados, aunque sí identifica serias deficiencias logísticas, especialmente en Lima Metropolitana.
El reporte, elaborado por la Asociación Civil Transparencia junto a aliados nacionales e internacionales, se basa en el despliegue de cerca de 5,000 voluntarios en 25 regiones del país. Su objetivo fue monitorear todo el proceso: desde la instalación de mesas hasta el escrutinio y cómputo de votos.
Fraude electoral: informe descarta irregularidades sistemáticas
Uno de los puntos más relevantes del documento es que no se encontró evidencia de fraude electoral ni de alteración de la voluntad popular. El conteo rápido independiente, realizado con apoyo de Ipsos y el National Democratic Institute, coincidió con los resultados oficiales con un alto nivel de precisión.
Este hallazgo respalda la legitimidad del proceso y coincide con la posición del Jurado Nacional de Elecciones, que rechazó los pedidos de nulidad y la convocatoria a elecciones complementarias.
Problemas logísticos en Lima alimentaron dudas sobre fraude electoral
Aunque el informe descarta fraude electoral, sí reconoce que Lima Metropolitana concentró los mayores problemas durante la jornada. La entrega tardía del material electoral provocó retrasos en la instalación de mesas, afectando a miles de votantes en distritos de Lima Este y Sur.
A las 9 de la mañana, solo el 71.3% de mesas en Lima estaba instalado, frente al 97.7% en regiones. Esta diferencia generó desorden, largas esperas y una percepción de caos que alimentó sospechas entre la ciudadanía.
Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones amplió el horario de votación e incluso permitió que en algunos locales se vote al día siguiente, beneficiando a más de 55,000 electores.
STAE bajo cuestionamiento
Otro punto crítico fue el desempeño de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). El sistema presentó fallas técnicas, falta de insumos y problemas de capacitación, lo que dificultó su implementación en varias mesas.
El informe respalda la decisión de retirar el STAE para la segunda vuelta, al considerar que su uso, en las condiciones observadas, generó más complicaciones que beneficios.
El periodo posterior a la elección estuvo marcado por incertidumbre, desinformación y cuestionamientos al sistema electoral. La falta de comunicación clara por parte de organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales contribuyó a amplificar las dudas.
En este contexto, la renuncia del jefe de la ONPE el 21 de abril intensificó la crisis, abriendo un debate sobre la estabilidad institucional del proceso.
Recomendaciones para evitar dudas sobre fraude electoral
El informe plantea una serie de medidas para reforzar la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta. Entre ellas destacan:
- Mejorar la comunicación oficial y combatir la desinformación.
- Fortalecer la capacitación del personal electoral.
- Optimizar la logística de distribución de materiales.
- Garantizar mayor transparencia en auditorías tecnológicas.
Asimismo, se exhorta a los actores políticos y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y evitar discursos que promuevan narrativas infundadas sobre fraude electoral.