La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción ejecutó una diligencia de exhibición de documentos para recabar información sobre contratos suscritos entre la ONPE y proveedores vinculados a las elecciones generales del 12 de abril. La intervención se realizó con apoyo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada.
La investigación de la Fiscalía incluye al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, además de exfuncionarios como José Samamé y otros implicados en la gestión de procesos de contratación. Según el Ministerio Público, existirían indicios de presunto direccionamiento en la adjudicación de contratos para servicios logísticos electorales, lo que habría afectado la transparencia de los procesos.
El caso también comprende a otros investigados vinculados a la administración electoral y a empresas proveedoras de servicios.
Solicitan impedimento de salida del contra Corvetto, exjefe de la ONPE
En paralelo, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial un impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. La medida busca garantizar su permanencia en el país mientras continúan las diligencias por presuntas irregularidades en la contratación de servicios electorales.
El pedido también alcanza a otros investigados que enfrentan cargos por colusión, omisión de actos funcionales y presunta falsedad en declaraciones administrativas.
Diligencias y allanamientos en investigación
Como parte del caso, la Fiscalía realizó allanamientos en diversos inmuebles vinculados a los implicados, donde se incautaron equipos informáticos y documentación relevante para la investigación. Las intervenciones fueron autorizadas judicialmente y ejecutadas con apoyo policial, en el marco de la ampliación de las pesquisas fiscales.
El caso ha generado atención pública debido a la relevancia de la ONPE en la organización de procesos electorales en el país. La Fiscalía continúa recopilando información para determinar si existió una red de coordinación irregular en los contratos vinculados a procesos electorales.
El Ministerio Público no descarta ampliar la investigación a nuevos implicados conforme avance la revisión de documentos y evidencias.