Ministerio Público solicita impedimento de salida por 18 meses contra exjefe de la ONPE, Piero Corvetto

La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prohibición para salir del país al exjefe de la ONPE, implicado en posibles delitos de colusión tras irregularidades en los procesos electorales, mientras se investiga la renuncia de su abogado.

por Kate Juarez
Allanan casa del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto

El Ministerio Público ha solicitado, este miércoles 29, un impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta medida se fundamenta en una investigación por supuestas irregularidades en la administración de contratos relacionados con el despliegue de materiales de sufragio.

La solicitud será sustentada el jueves 30 a las 11 de la mañana ante el Poder Judicial. Además, la Fiscalía ha incluido a otros seis investigados por la misma causa, lo que refleja la magnitud de la situación legal que enfrentan.

¿A quiénes alcanza esta solicitud además de Piero Corvetto?

La Fiscalía Supraprovincial anticorrupción ha fundamentado su pedido tras identificar un presunto direccionamiento en el contrato otorgado a una empresa encargada de la logística electoral. Esta medida también se extendería a los involucrados en el caso: José Samamé, exgerente de Gestión Electoral; Juan Phang, subgerente de Producción Electoral; Juan Alvarado; Hilda Otoya; William García y Lilia Flores.

Este grupo enfrenta acusaciones graves, que van desde colusión hasta omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimientos administrativos. El operativo más reciente se llevó a cabo el pasado 23 de abril, en el que se realizaron allanamientos en 12 inmuebles relacionados con los implicados.

Reacciones y consecuencias legales

El juez Manuel Chuyo Zavaleta ha tomado decisiones cruciales en esta investigación. Rechazó el pedido de detención preliminar y también la solicitud para levantar el secreto de las comunicaciones mediante la geolocalización de los teléfonos de los investigados, alegando que tales peticiones son improcedentes.

Sin embargo, el juez que habría permitido las acciones de allanamiento, lo que llevó a la incautación de equipos informáticos pertenecientes no solo a Corvetto, sino también a otros funcionarios de la ONPE y de la empresa Galaga, sería el que habría aprobado la intervención. El despliegue se ejecutó en cumplimiento de la orden judicial emitida por el mismo magistrado.

Por su parte, el abogado Ricardo Sánchez Carranza ha renunciado a la defensa técnica de Corvetto. Este conflicto legal ha generado un elevado interés en los medios, dado el trasfondo de irregularidades que afectan a una importante institución del país.

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