¡Por cuarta vez! Amplian estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días tras incremento de criminalidad

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia desde el 29 de abril para enfrentar delitos como extorsión y sicariato. La Policía mantendrá el control con apoyo de las Fuerzas Armadas.

por angie.joice2701@gmail.com
estado de emergencia

La lucha contra la delincuencia en la capital sumó una nueva medida: el Ejecutivo oficializó la cuarta prórroga consecutiva del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por otros 60 días. La disposición, vigente desde este 29 de abril, busca reforzar las acciones frente al avance del sicariato, la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La prórroga quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 062-2026-PCM. El dispositivo establece que la Policía Nacional del Perú continuará a cargo del control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán en áreas definidas según inteligencia y mapas del delito.

Restricción de derechos durante el estado de emergencia

El decreto mantiene la suspensión de varios derechos constitucionales mientras dure el estado de emergencia. Entre ellos figuran la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal en las zonas intervenidas.

Estas restricciones permiten a las autoridades realizar operativos más amplios para enfrentar delitos como el sicariato, la extorsión y otras formas de violencia urbana.

Reglas para eventos y actividades públicas

La norma también fija condiciones para la realización de eventos masivos. Los organizadores de actividades religiosas, culturales o deportivas deberán solicitar autorización previa a las autoridades, quienes evaluarán aspectos técnicos y de seguridad.

En cambio, las reuniones que no impliquen grandes concentraciones podrán desarrollarse con normalidad y sin necesidad de permisos especiales.

Sustento de la medida

La ampliación del estado de emergencia responde a una recomendación de la Policía Nacional, basada en informes que alertan sobre la persistente alteración del orden interno por parte de organizaciones criminales.

El decreto lleva la firma del presidente José María Balcázar, junto a integrantes del Consejo de Ministros, como parte de la estrategia del Ejecutivo para reforzar la seguridad ciudadana en Lima y Callao.

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