El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una serie de reformas legales que permitirán aplicar la cadena perpetua tanto a adultos como a menores de edad por delitos graves.
Las modificaciones, previamente aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, establecen que esta pena podrá imponerse a partir de los 12 años a quienes sean responsables o cómplices de delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.
Alcances de la reforma impulsada por Nayib Bukele
La normativa dispone que la cadena perpetua no será necesariamente definitiva en todos los casos. Se establece una revisión obligatoria de las condenas: en menores, luego de 25 años de prisión; y en adultos, entre 30 y 40 años, dependiendo de la gravedad del delito.
Además, la reforma contempla cambios en el sistema judicial con la creación de nuevos juzgados de lo criminal, que reemplazarán a los tribunales de menores. Estas instancias comenzarán a operar a partir del 26 de abril de 2026.
La medida se enmarca en la política de seguridad del gobierno de Bukele, especialmente en su estrategia contra las pandillas, desarrollada bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.
Según el Ejecutivo, el objetivo es cerrar vacíos legales que permitían que menores participaran en delitos graves con sanciones reducidas.
Cuestionamientos internacionales por la medida
La reforma ha generado críticas de organismos internacionales y defensores de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que aplicar cadena perpetua a menores contradice estándares internacionales y limita las posibilidades de rehabilitación.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que estas medidas responden a un enfoque más punitivo en el contexto de la lucha contra la criminalidad, donde también se han reportado detenciones masivas y cuestionamientos por posibles vulneraciones de derechos.