En marzo, los precios de los combustibles en el Perú registraron incrementos de hasta 75 %, con el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) entre los más afectados. Pero no estamos hablando de una simple variación, sino de una distorsión profunda en un cómodo sistema que, ante cualquier tensión, pierde equilibrio y traslada el impacto de forma inmediata al consumidor. Lo que en teoría debería responder a ajustes graduales se convierte, en la práctica, en saltos abruptos que alteran la economía cotidiana de millones de personas.
Aunque es cierto que la crisis no surgió en el vacío –tuvo de detonante la explosión en el sistema de transporte de gas en Cusco–, lo que pasó después demuestra que el problema va mucho más allá de un incidente puntual.
Primero el problema del gas de Camisea afectó al gas natural vehicular (GNV), pero rápidamente generó un efecto dominó que alcanzó al GLP, a las gasolinas y, en general, a todo el sistema de combustibles. Esa reacción en cadena no fue casual. Puso al desnudo nuestro mercado poco preparado para shocks.
En términos logísticos, lo ocurrido responde a un fenómeno conocido: el desplazamiento de la demanda. Cuando un recurso escasea, los usuarios migran a alternativas disponibles. ¿Las hubo? No. Las tres opciones de combustible empezaron a subir: el GLP, la gasolina y el diésel.
En Lima, el GLP pasó de 5 soles por galón a más de 10 y, en algunos casos, hasta 15 soles. Si bien el contexto internacional también influyó —con un precio del petróleo que ha oscilado entre los 90 y 115 dólares por barril debido a tensiones geopolíticas—, el traslado de esos costos al consumidor final no suele ser inmediato ni lineal. Pero aquí sí lo fue.
Aprovechamientos
La situación se agrava cuando se observa el comportamiento de los grifos. En teoría, operan bajo un esquema de libre competencia que debería favorecer la eficiencia y evitar abusos. Pero en la práctica, durante episodios de crisis, ese mismo esquema permite márgenes de discrecionalidad que pueden derivar en prácticas especulativas. La retención de stock, la venta parcial o la fijación de precios muy por encima del promedio son comportamientos difíciles de probar de forma individual, pero evidentes en su efecto agregado.
En este contexto, el rol del Estado resulta crucial. Pero fue nulo. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) cuenta con herramientas como la plataforma Facilito, que permite a los ciudadanos consultar los precios de los combustibles en tiempo real. No obstante, esta herramienta cumple una función informativa, no reguladora. Saber dónde está el combustible más barato no resuelve el problema cuando la oferta es limitada o cuando los precios suben de esa manera tan generalizada.
Gobierno y fiscalización
La normativa establece que los precios de los combustibles son “libres” y que los operadores deben reportarlos a OSINERGMIN a través de su plataforma virtual. Sin embargo, este modelo se basa en la autorregulación y en la transparencia informativa más que en un control directo.
En escenarios normales, puede funcionar, por su puesto, pero en crisis evidencia sus límites. La falta de intervención rápida permite que el mercado se desordene antes de que la supervisión pueda actuar.
Además, INDECOPI tiene competencias en la materia, especialmente frente a prácticas anticompetitivas o concertación de precios. Sin embargo, la carga probatoria en estos casos es alta y los procesos suelen ser largos, mientras que el impacto en el consumidor es inmediato.
Lo real es que no hay capacidad de respuesta del mercado. Para colmo, a ello se suma un marco legal que no contempla con suficiente claridad escenarios de emergencia en el sector energético. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) –que en otros momentos ha servido para amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales– ahora se encuentra desactivado.
El entonces ministro, Ángelo Alfaro, dijo que estaban “buscando” dejar operativo el FEPC para el próximo gobierno, pero al final este ministro tuvo que renunciar por un escándalo relacionado a su vinculación con una menor de edad en el pasado.
¿Y qué tenemos como resultado? Somos actores en un sistema que funciona con normalidad en contextos estables, pero que se descompone dramáticamente ante cualquier perturbación. Pero hay un tema de fondo, y es importante tocarlo de cara a elecciones presidenciales: la alta dependencia de los hidrocarburos importados. Esta dependencia limita enormemente la maniobra del Estado.
Pero el problema no es solo externo. Internamente, existen otras limitaciones en la infraestructura logística que dificultan la distribución eficiente de combustibles. Por ejemplo, el transporte desde refinerías o puntos de importación hacia las estaciones de servicio implica costos variables y tiempos que pueden extenderse en situaciones de alta demanda. Como es lógico, cuando el sistema se tensiona, estas ineficiencias contribuyen al desabastecimiento.
El impacto de esta crisis no se limita al sector transporte. El encarecimiento de los combustibles tiene un efecto directo en el costo de vida (ver el cuadro). Muchos lo comparan con la pandemia de 2020, porque durante ese periodo la escasez de productos también dio lugar a prácticas especulativas. Pero hay una diferencia: en aquel momento, la crisis era mundial y sin precedentes, hoy, en cambio, se trata de un fenómeno recurrente, previsible y, en gran medida, prevenible.
La respuesta del Ejecutivo ha incluido anuncios de mayor fiscalización y monitoreo. El premier Luis Arroyo ha dicho que va a reestructurar Petroperú y que el Estado actuará para captar fondos de terceros. ¿Esto ayudará a resolver la crisis? ¿O despojará al Estado de herramientas para el acaparamiento y la especulación? Sea cual sea el escenario, lo real es que siempre tarda demasiado la implementación. Sería importante que este tema se desarrolle en la futura discusión por el voto de confianza.
¿Cuándo será el momento de que el Ejecutivo, en vez de solo reaccionar ante la crisis, logre anticiparla? Al menos tener reservas. Se requiere una revisión de la política energética, poner en marcha la diversificación de fuentes y la reducción de la dependencia externa (ningún candidato desarrolló este tópico en el debate). Un mercado sin regulación efectiva no es un mercado libre. Es un mercado expuesto.
Escribe: JUSTO CARBAJAL AGUIRRE