El plan de deshacinamiento penitenciario proyectado hasta 2028 inició su ejecución con la elaboración de expedientes a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que serán remitidos al Poder Judicial para su evaluación. El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, informó que la medida busca reducir la sobrepoblación en los penales del país.
El titular del sector explicó que un equipo de abogados trabaja en la preparación de un primer grupo de casos. “Ya hay un equipo del INPE que trabaja en la elaboración de expedientes para remitirlos al Poder Judicial”, indicó en Canal N.
Plan de deshacinamiento penitenciario proyectado hasta 2028: alcance y evaluación
El ministro señaló que el plan tiene como horizonte el año 2028 y que la actual gestión dejará una hoja de ruta para su continuidad. Precisó que alrededor de 24,739 internos podrían ser considerados dentro de esta política.
Cada caso pasará por un proceso de evaluación a cargo del INPE y del Poder Judicial antes de cualquier decisión. Además, el sector trabaja en un decreto supremo para facilitar medidas en casos de omisión de asistencia familiar.
Delitos incluidos y exclusiones
Jiménez Borra afirmó que el plan no contempla la liberación de internos considerados peligrosos. Indicó que solo se evaluarán personas condenadas por delitos culposos o de menor gravedad.
Entre los delitos excluidos mencionó homicidio, sicariato, extorsión y terrorismo. “Los penales tienen que estar los que tienen que estar”, sostuvo.
Hacinamiento en centros penitenciarios
El sector Justicia identificó altos niveles de sobrepoblación en diversos establecimientos. En el penal de San Juan de Lurigancho, con capacidad para 3,000 internos, se alberga a cerca de 10,000 personas.
En otros penales, como Chincha y Pucallpa, las celdas superan hasta tres veces su capacidad, lo que dificulta el control de la seguridad interna.
Capacidad del sistema y personal
El presidente del INPE, Jorge Cotos Ochoa, informó que el sistema penitenciario cuenta con 69 establecimientos y una población aproximada de 105,000 internos. Señaló que cerca de 2,150 trabajadores de seguridad se encargan de la custodia.
El funcionario también indicó que el plan se encuentra en una primera fase, tras las visitas realizadas a distintos penales para evaluar su situación. Añadió que las medidas se aplicarán únicamente a internos por delitos menores y bajo evaluación previa de las autoridades competentes.