La mañana del 23 de marzo, un video difundido en redes sociales desató la indignación en Áncash y en diversas regiones del país. El clip mostraba a una mujer tendida en el piso, ensangrentada y aún con dolor tras haber dado a luz a un bebe afuera del centro de salud San Luis, en el distrito y provincia de Huari. Un día después, la Dirección Regional de Salud de Áncash aseguraba que no hubo abandono en la atención a la mujer y que tanto ella como su bebe se encontraban en buen estado.
Sin embargo, esta situación no solo evidenció la precariedad en la que se encuentra el sistema de salud en Áncash, sino también un posible encubrimiento de responsabilidades. Este medio ahondó en el caso y halló un documento denominado “Acta de negativa de denuncia” firmada por la fiscal provincial penal Helida Romero Flores y la directora del centro de salud de San Luis, Susan Pimentel Chuchón.
Traslado sin ambulancia
Era alrededor de las 2:30 a. m., cuando Elva Yolanda Nieto, de 31 años, se comunicó con el puesto de salud de Uchusquillo porque había entrado en trabajo de parto; y “de inmediato”, según declaraciones del jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, Ricardo Natividad, el personal médico activó los protocolos de atención.
En entrevista con CARETAS, el jefe de Diresa Áncash explicó que, al ser una gestante de 39 semanas, con condición multípara, los posibles riesgos eran altos, por lo que el personal de salud decidió trasladarla al establecimiento de mayor complejidad, el Hospital de Huari, que se encontraba alrededor de 4 horas de camino.
El traslado de Elva Yolanda evidenció la primera falencia del sistema de salud: no se hizo en una ambulancia, sino en un transporte público que se detenía para recoger y dejar pasajeros. “Era una combi, recogía pasajeros, y se demoró bastante”, contó a este medio Raúl Mendoza, pareja de Elva Yolanda, quien no se apartó de ella desde que salieron de su casa.
“En el camino, el parto se precipitó y la obstetra decidió ingresar al centro de salud de San Luis, pero lo encontró cerrado por el horario de atención. Ante la urgencia, se realizó la atención en los exteriores”, detalló Natividad.
Para el jefe de la Diresa Áncash, no hubo abandono en la atención. “El personal estuvo presente desde Uchusquillo y actuó incluso fuera de su horario laboral. Han llevado su maletín de atención de parto y de recién nacido y realizaron todo el procedimiento”, sostuvo. Además, explicó que el establecimiento de San Luis, donde ocurrieron los hechos “es de categoría I-3”, por lo que “no debería estar abierto las 24 horas, sino de 7 de la mañana a 7 de la noche”.
En un comunicado oficial, la Diresa aseguraba que el personal del puesto de salud de Uchusquillo realizó las coordinaciones para su traslado al Hospital de Huari, pero jamás precisó que no se hizo en una ambulancia, sino en una combi.
También indicaron que “se brindó atención inmediata a la paciente, lo cual se evidencia en las imágenes difundidas, donde se observan los maletines de atención de parto y del recién nacido, utilizados durante la atención”, pero no detallaron que la mujer se quedó echada en la fría vereda por más de una hora, ni que, posteriormente, el esposo quiso denunciar la falta de atención, y que la directora del centro fue parte de un acta de “negativa de denuncia”.
Mujer permaneció una hora en la vereda tras dar a luz
De acuerdo al sistema de categorización, un establecimiento con categoría I de nivel 3, como el centro de salud de San Luis, no tiene atención las 24 horas. No obstante, las emergencias y urgencias sí pueden ser atendidas, como detalló el propio jefe de la Diresa Áncash.
“Un nivel I-3 tiene las atenciones preventivas, promocionales, entran un equipo de médico, enfermera, obstetra, tiene un área de intervención de salud de partos, pero no tiene hospitalización ni otras áreas más complejas, no tiene especialidades, (pero) puede tener una área de emergencia donde atienden principalmente urgencias, o den soporte frente a situaciones como accidentes. Estabilizan y luego lo refieren al hospital más inmediato de categoría II-1 que es el hospital de Huari”.
Sin embargo, Elva permaneció, según el relato de su pareja, más de una hora tirada en la verdad fuera del establecimiento de salud: “Llegamos a la posta, llamaron a la combi de ruta y ahí demoramos bastante, y cuando bajamos, mi esposa caminaba despacito porque le ganaba (el parto). De Uchusquillo demoramos como dos horas, y cuando pasó (el nacimiento) recién llamaron a los de San Luis, ahí recién, y ahí demoramos casi una hora, ha estado casi una hora (en el piso) mientras la chica buscaba a los doctores de San Luis porque ellos trabajaban desde las 7 recién, y nosotros llegamos a las 5:20 a. m.”
¿El acta de la impunidad?
“Yo iba a denunciar, pero la doctora y ellos no quisieron y me dijeron ‘eso pasa de un momento a otro’”, “Yo fui a la fiscal a decirle cómo va a pasar esas cosas, y me mandó a la comisaría, pero un policía o trabajador, qué sería, no quiso recibir la denuncia y me dijo ‘para qué vas a denunciar’, ‘hay que aguantar’, me dijo”. Estas son las declaraciones de Raúl Mendoza, un hombre de 34 años que reconoce leer y escribir muy poco.
CARETAS tuvo acceso a un documento escrito a mano denominado “Acta de no denuncia”, en el que se deja constancia que a las 12.35 p. m. del 23 de marzo, dentro del centro de salud de San Luis, se encontraban un instructor PNP, la fiscal Helida Romero Flore, la directora Susan Pimentel Chuchón y el señor Raúl Mendoza.
Lo detallado en el acta corrobora la versión de Mendoza y reafirma que su primera intención fue denunciar el hecho, que la fiscal lo derivó a la comisaría, pero al final terminaron llevándolo al centro de salud para “corroborar con mayor detalle los hechos sucedidos”.
Puntos más abajo, se indica que, supuestamente, Mendoza decidió no denunciar al conocer el horario de atención del centro de salud. Sin embargo, la versión del joven padre de familia es otra. “Ahí también estaba la fiscal, hice mi queja en la comisaría, y vinieron al hospital y ahí hicieron el acta de que si pasa algo para que responda la chica (doctora), así era el acta”.
“La fiscalía ha venido cuando yo quería denunciar, se firmó y una copia se quedó la fiscal y otro en la comisaría. Yo no he leído ni tampoco me leyeron, ellos me dijeron ‘firma acá’ y yo inocentemente he firmado, yo leo y escribo muy poco”, refiere Mendoza.
Durante nuestra comunicación también hizo hincapié en que tuvo la sensación que las autoridades de salud solo actuaron “por cumplir”. “Nos tuvieron 24 horas, y luego nos dieron de alta, a veces no hacen caso, nos llaman y nos dicen ‘vengan ustedes a su control’; solo una vez no más vinieron pero algo rápido han chequeado”.
¿Negligencia fiscal o comportamiento no ético?
Durante la conversación con CARETAS, Raúl también manifestó que ni la Defensoría del Pueblo ni otras entidades lo han contactado hasta el momento. “No, nadie… no hacen caso”, dijo, “solo de una institución nos llegó un formulario para llenar, para hacer nuestra queja”.
Este medio se comunicó con la Oficina Defensorial de Áncash para consultar si estaba al tanto de la situación. La comisionada Pierina Hidalgo indicó que la Defensoría ha estado viendo el caso “incluso un día antes de que salga a medios”; sin embargo, precisó que solo se ha estado dando seguimiento por el tema de salud. “Respecto a los puntos que usted menciona sobre una presunta negativa o aceptación de denuncia, o de que se les haya negado esa voluntad del señor o señora, no tenemos conocimiento, es un hecho nuevo que usted nos está mencionando”, manifestó la especialista que luego nos pidió una copia del acta.
Hidalgo también aceptó que, hasta el momento de nuestra comunicación, la Defensoría no se había contactado ni con la madre ni su familia.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) informó a este medio que ya se le ha remitido a la familia un formato para que puedan formalizar su queja; y que la investigación continúa.
En consulta con este medio, el exfiscal y especialista penal Pablo Mogollón Marchán explicó que un acta de negativa de denuncia no son facultades de una fiscal de turno ya que incluso la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio, “aún cuando ni siquiera haya una denuncia formal”. “La Fiscalía no tiene por qué avalar estos actos”.
Por su parte, la exfiscal anticorrupción Sussy Huacho precisó que, pese a que exista, “el documento no le impide a los padres que posteriormente puedan denunciar”. “Además, la fiscal debió haber iniciado diligencias, de oficio, por el interés superior del niño; recabar la historia clínica, indagar qué médico estaba de turno y por qué no se le atendió, verificar si hay una resolución administrativa o que documento precise el horario del médico y disponer que el médico legista evalúe al menor y a la mamá”, detalló la especialista.
En una última comunicación con la Diresa Áncash, el jefe aseveró que sí tenía conocimiento del acta porque el propio personal de salud se lo entregó pero que es un documento que no está desarrollado en sus competencias. “Si usted lee bien, ahí no firma ningún personal de salud ni nada”.
Sin embargo, el jefe Natividad se equivoca. El acta sí tiene la firma de la directora del centro de salud de San Luis, Susan Pimentel Chuchón. Al tomar conocimiento de esto, el jefe de la Diresa respondió: “Esperaré los descargos escritos”.
Por su parte, en llamada con este medio, el responsable de la comisaría de San Luis, el SO1 Luis Padilla, refirió que toda la diligencia que se ha realizado culminó en el levantamiento del acta que se hizo en presencia de la Fiscalía y la directora del centro de salud de San Luis.
Ante la consulta de la presunta negativa de aceptación de denuncia en la comisaría, el suboficial detalló que “el señor primero ha ido al Ministerio Público, luego han venido a la comisaría y desde aquí se han dirigido al lugar de los hechos y ahí se ha levantado el acta”. Esto corrobora la versión de Raúl Mendoza.
Por último, CARETAS buscó el descargo de la fiscal Helida Romero Flores, quien solo respondió que no estaba autorizada para dar información.
Por: Paola Ferrer