La Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, oficializando su paso de interino a titular al frente del Ministerio Público. La decisión busca cerrar un periodo de inestabilidad tras la suspensión de anteriores autoridades, pero lejos de hacerlo, ha reactivado los cuestionamientos sobre la conducción de la institución.
Gálvez ya ocupaba el cargo de manera provisional desde septiembre de 2025, en un contexto marcado por crisis internas, remociones y cambios en equipos clave de investigación . Su gestión previa incluyó decisiones controvertidas, como la desactivación de equipos especiales y el archivo de investigaciones sensibles, lo que generó críticas desde distintos sectores del ámbito jurídico y político .
La elección, lejos de generar consenso, provocó un inmediato rechazo del Colegio de Abogados de Lima, que advirtió sobre el impacto de esta designación en la legitimidad del sistema de justicia. El gremio consideró preocupante que el máximo cargo del Ministerio Público recaiga en una figura con investigaciones y cuestionamientos, alertando sobre una posible afectación a la confianza ciudadana.
El contexto no es menor. El fiscal de la Nación no solo lidera la institución, sino que define la política de persecución penal en el país, en un momento en que la lucha contra la corrupción y la independencia judicial siguen siendo temas sensibles. En ese escenario, la designación de Gálvez aparece menos como un cierre de crisis que como un nuevo capítulo de tensión institucional.
Más que una transición ordenada, su elección expone las fisuras de un sistema que aún no logra resolver sus propias contradicciones. La expectativa, ahora, se centra en si su gestión podrá sostener credibilidad en medio de un arranque marcado por la desconfianza.