El Congreso aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto encubrimiento personal, en un caso que también involucra al exministro del Interior Juan José Santiváñez, según el informe presentado por la Secretaría Técnica. La decisión fue adoptada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras evaluar la Denuncia Constitucional N.° 595, presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.
Con 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, el grupo de trabajo concluyó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso parlamentario. El caso se inserta en un contexto político marcado por investigaciones a altas autoridades, donde la denuncia constitucional contra Dina Boluarte adquiere relevancia en la agenda pública.
Denuncia constitucional contra Dina Boluarte por encubrimiento
El informe de calificación concluye que existen indicios para imputar a la exmandataria el presunto delito de encubrimiento personal agravado. Según el documento, Dina Boluarte habría facilitado la fuga de Vladimir Cerrón el 24 de febrero de 2024, mediante el uso de un vehículo oficial presidencial para evadir controles policiales. En el caso del exministro Juan José Santiváñez, se le atribuye omisión de denuncia agravada por no haber informado a las autoridades pese a tener conocimiento del hecho.
La subcomisión consideró que estos elementos justifican la admisión de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte para su evaluación en las siguientes etapas.
Evaluación del Congreso y requisitos de procedencia
El informe técnico señala que la denuncia cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso. Entre ellos, se encuentran la correcta tipificación de los hechos y la existencia de fundamentos mínimos que respalden la acusación. La admisión de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte no implica una sanción inmediata, sino el inicio de un proceso que deberá ser analizado en instancias posteriores.
En este escenario, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cumple un rol clave en el filtro de denuncias contra altos funcionarios.
Improcedencia de denuncias vinculadas a Pedro Castillo
En la misma sesión, la subcomisión declaró improcedente la Denuncia Constitucional N.° 669 presentada por el expresidente Pedro Castillo contra varios congresistas. El informe concluyó que la denuncia no cumplía con los requisitos de jerarquía ni sustentaba adecuadamente los delitos imputados. Asimismo, se indicó que los hechos corresponden a funciones parlamentarias como el ejercicio del voto durante la vacancia presidencial del 7 de diciembre.
Estas acciones están respaldadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.
Otras denuncias improcedentes en el Congreso
La subcomisión también declaró improcedentes otras denuncias, como la presentada contra el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacaa. En estos casos, se determinó que no se cumplían los requisitos formales ni se acreditaban infracciones constitucionales. Además, se dispuso remitir información al Ministerio de la Mujer en uno de los expedientes evaluados. Estas decisiones reflejan el filtro técnico que aplica el Congreso en el tratamiento de denuncias constitucionales.
Delegación de denuncias constitucionales
Finalmente, se acordó delegar diversas denuncias para su evaluación en otras instancias del Parlamento. Entre ellas figuran casos vinculados a presuntos delitos de corrupción que involucran a exfuncionarios y congresistas. También se incluyeron nuevas denuncias contra Dina Boluarte por presuntos delitos de omisión de funciones y abandono del cargo. El avance de estos procesos mantiene en el debate público el rol del Congreso en el control político y la fiscalización.