El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, exhortó al Poder Ejecutivo a reorientar los recursos del Estado hacia la seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad en Perú, tras reunirse con el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, en el Parlamento.
Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de adoptar medidas inmediatas y coordinadas para enfrentar el avance de la delincuencia, que —según Rospigliosi— continúa afectando a millones de ciudadanos en distintas regiones del país.
El titular del Legislativo señaló que el Ejecutivo debe asumir un compromiso firme en la lucha contra la inseguridad, en un contexto en el que los índices delictivos generan preocupación pública y presión sobre las instituciones encargadas de garantizar el orden interno.
Rospigliosi subrayó además que la respuesta del Estado debe ser integral, articulando esfuerzos entre los distintos sectores vinculados a la seguridad.
Seguridad ciudadana y criminalidad en Perú: pedido al Ejecutivo
Rospigliosi remarcó que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad en la agenda del Gobierno y expresó su expectativa de que el gabinete ministerial implemente acciones concretas en el corto plazo.
“Espero que el Gobierno tome medidas serias para la lucha contra la delincuencia que sigue aterrorizando al país”, declaró en conferencia de prensa desde el Congreso.
En esa línea, indicó que el presidente del Consejo de Ministros ha manifestado su intención de impulsar una serie de medidas orientadas a enfrentar la criminalidad, aunque aún no se han detallado plazos ni alcances específicos.
El legislador también confirmó que no se definió la fecha de presentación del gabinete ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, proceso que será coordinado en los próximos días.
Coordinación entre instituciones para enfrentar la delincuencia
Uno de los puntos centrales abordados en la reunión fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad.
Rospigliosi destacó que la lucha contra la criminalidad requiere un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Según indicó, esta articulación es clave para mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos que se han vuelto más frecuentes y complejos.
El titular del Congreso insistió en que la falta de coordinación ha sido uno de los factores que ha limitado la efectividad de las políticas de seguridad en los últimos años.
Cuestionamientos al gasto público y Petroperú
En otro momento, Rospigliosi cuestionó la decisión del Ejecutivo de destinar nuevos recursos a Petroperú, señalando que esta medida evidencia una mala priorización del gasto público.
El congresista calificó a la empresa estatal como un “elefante blanco” que ha generado pérdidas significativas para el país y advirtió que continuar inyectándole recursos podría afectar la atención de sectores prioritarios.
“Ese elefante blanco ha absorbido 18 mil millones de soles”, afirmó, al tiempo que cuestionó si esta inversión responde a las necesidades actuales del país.
Para el titular del Legislativo, los recursos públicos deberían dirigirse principalmente a reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en un contexto de creciente criminalidad.
Críticas a decisión judicial sobre delitos de lesa humanidad
Rospigliosi también se pronunció sobre la actuación del juez Jorge Chávez Tamariz, quien emitió una resolución que inaplica la Ley N.° 32107 relacionada con delitos de lesa humanidad.
El parlamentario sostuvo que dicha decisión contraviene lo establecido por el Tribunal Constitucional, que previamente ratificó la validez de la norma.
En ese sentido, advirtió que el magistrado habría incurrido en un exceso de funciones al apartarse de una ley vigente.
“El Tribunal Constitucional ha determinado que esta ley es plenamente constitucional y de obligatorio cumplimiento”, señaló.
Asimismo, cuestionó que se busque continuar procesos judiciales por hechos ocurridos hace más de cuatro décadas bajo interpretaciones que calificó como arbitrarias.
Pedido a la Junta Nacional de Justicia
Finalmente, Rospigliosi exhortó a la Junta Nacional de Justicia a evaluar la actuación del juez involucrado y adoptar las medidas correspondientes si se determina alguna irregularidad.
Indicó que este tipo de situaciones pueden afectar la seguridad jurídica y el respeto al orden constitucional en el país.
El titular del Congreso concluyó que es necesario garantizar que las decisiones judiciales se ajusten a la Constitución y a las leyes vigentes, en un contexto donde la institucionalidad enfrenta diversos desafíos.