Por: Joice Cardenas Ramirez
El incio del año escolar ha estado marcado por deficiencias estructurales que han dado como resultado una crisis educativa. En 2025, se advertía una amenaza estructural por el colapso inminente de aulas, en el 2026 se observó una parálisis de gestión que pone en riesgo el derecho a la educación de miles de estudiantes.
Mientras el informe de la Contraloría del año 2025 encendía las alarmas sobre 19 colegios con techos en riesgo de desplome y 12 sin acceso a agua potable tratada en Lima Provincias, el nuevo Informe de Control Simultáneo 2026 reveló un agravamiento sistémico: 349 instituciones educativas no cuentan con los docentes necesarios para abrir sus puertas y 101 colegios fueron hallados cerrados durante las inspecciones de control.
Aulas inhabitables y falta de mobiliario escolar
El contraste entre ambos periodos es desolador. En 2025, el foco estaba puesto en el deterioro físico, con casos críticos como la I.E. 20329 José Carlos Mariátegui de Hualmay, donde el mobiliario inservible y las fallas estructurales impedían un inicio de clases seguro. En esa línea, para 2026, la negligencia ha escalado a la esfera administrativa y de seguridad.
Según el último informe de la Contraloría, la carencia de Comités de Gestión de Condiciones Operativas y la ausencia de Planes de Gestión de Riesgos de Desastres debilitan cualquier capacidad de respuesta ante emergencias, y deja a la comunidad educativa vulnerable, no solo ante un sismo, sino ante la inseguridad ciudadana en zonas urbanas.
Crisis educativa: más de 340 colegios sin docentes
La brecha de exclusión también se ha profundizado. Si en 2025 la Contraloría lamentaba la falta de psicólogos y registros de violencia escolar, para este 2026 se detectó 349 instituciones educativas no se cuentan con personal docente necesario para dar inicio al año escolar 2026. A esto se suma la falta de capacitación para atender a estudiantes con necesidades especiales,
Además, el reporte evidenció que 700 colegios mantienen deficiencias graves en infraestructura. A este escenario de precariedad se añade un dato alarmante sobre la transparencia: 164 colegios que perciben ingresos propios operan sin cuentas bancarias mancomunadas, lo que impide un control real sobre los fondos destinados a mitigar las mismas carencias que, año tras año, siguen condenando el futuro de la escuela pública.
