El Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) podría enfrentar sanciones severas, incluida la eventual cancelación de su licencia de operación, si se comprueba que incumplió normas técnicas o de seguridad en el incidente registrado en el ducto de gas en Cusco, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención.
La advertencia fue formulada por el titular del Minem, Ángelo Alfaro, quien explicó que las autoridades esperan el informe final de Osinergmin para determinar las causas exactas de la deflagración que afectó el sistema de transporte de gas natural. Mientras tanto, el Gobierno ha señalado que todas las hipótesis continúan en evaluación.
El Ejecutivo informó previamente que el ducto ya fue reparado y que el transporte de gas natural en el Perú se encuentra nuevamente operativo. El presidente José Balcázar precisó que la contingencia registrada en el punto denominado KP43 fue atendida y superada completamente, lo que permitió restablecer el suministro energético tras la reciente crisis energética en Perú.
Investigación sobre el incidente en el ducto de gas
A pesar de que el sistema volvió a operar con normalidad, las autoridades continúan investigando el origen del incidente que provocó la interrupción del servicio. Según explicó el ministro Ángelo Alfaro, al momento del accidente había 19 trabajadores de TGP realizando labores de mantenimiento en el ducto de gas natural.
“El hecho de que hubiera personal trabajando en el lugar significa que algo se hizo o algo se dejó de hacer que provocó este evento”, señaló el titular del Minem, al remarcar que será clave determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad o en los procedimientos técnicos durante las operaciones.
El ministro también descartó que Osinergmin haya incumplido su labor de supervisión previa al incidente. Según explicó, el organismo regulador cumplió con los procedimientos establecidos dentro del sistema de supervisión del sector energético en Perú.
Posibles sanciones contra TGP
El titular del Ministerio de Energía y Minas advirtió que, si las investigaciones confirman que la empresa Transportadora de Gas del Perú incumplió normas técnicas o utilizó materiales inadecuados en el sistema de transporte de gas natural, las sanciones podrían ser especialmente severas.
Entre las medidas que se evalúan figuran multas, sanciones administrativas y, en los escenarios más graves, la cancelación de la licencia de operación de TGP.
“Si las normas establecen que un ducto debe contar con determinado material o con un sistema específico de seguridad y eso no se cumplió, estaríamos frente a un acto de negligencia grave”, explicó el ministro.
En ese contexto, Ángelo Alfaro señaló que incluso podría configurarse una negligencia criminal, lo que abriría la puerta a sanciones más drásticas por el impacto que un evento de esta naturaleza puede generar tanto en la seguridad energética del país como en el medio ambiente.
“Si se demuestra una negligencia criminal, eso podría costarles hasta la licencia”, enfatizó el titular del Minem, al subrayar que el Gobierno no descarta ninguna medida hasta conocer los resultados finales de la investigación.
Comité para evaluar la crisis energética
Tras la emergencia generada por la interrupción del suministro, el Gobierno también anunció la convocatoria de un comité de cierre de crisis energética, que analizará lo ocurrido durante los días en que se registró la interrupción del transporte de gas natural.
El ministro explicó que posteriormente se conformará un nuevo grupo de trabajo con participación de autoridades del sector energía, especialistas técnicos y representantes de la propia empresa TGP, con el objetivo de revisar los procedimientos aplicados y prevenir futuros incidentes.
Durante estas reuniones, la empresa deberá explicar con detalle los métodos de trabajo utilizados en el ducto de gas de Cusco, así como los protocolos de seguridad implementados durante las labores de mantenimiento.
“TGP tendrá que indicar con claridad cuáles fueron sus procedimientos y métodos, y explicar lo que ocurrió, porque hay cosas que no se pueden ocultar”, afirmó Ángelo Alfaro.
Impacto económico de la interrupción del gas
El incidente también dejó consecuencias económicas importantes. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas, la reciente crisis energética en Perú habría generado un impacto aproximado de 0,6 % en la economía nacional.
Esto se debe principalmente a que cerca del 90 % de la industria peruana se concentra en Lima y depende del gas natural para su funcionamiento diario.
Durante la interrupción del servicio, numerosas empresas tuvieron que reemplazar el gas natural por combustibles alternativos como diésel o GLP, lo que incrementó considerablemente sus costos operativos.
Según explicó Ángelo Alfaro, las pérdidas para el sector industrial podrían haber alcanzado aproximadamente 200 millones de dólares diarios, considerando los gastos adicionales en combustible y la reducción en la eficiencia productiva.
Propuesta para reforzar la seguridad energética
A raíz de lo ocurrido, el Minem también planteó la necesidad de reforzar la seguridad energética del Perú mediante el desarrollo de infraestructura que permita contar con fuentes alternativas de abastecimiento.
Entre las iniciativas destaca la construcción de una planta regasificadora de gas natural, que permitiría recibir cargamentos de gas natural licuado (GNL) desde buques metaneros y almacenarlos para su posterior distribución en situaciones de emergencia.
Según explicó el titular del Ministerio de Energía y Minas, ya se lanzó una convocatoria internacional para encontrar al operador que ofrezca las mejores condiciones económicas para el proyecto.
El ministro estimó que la construcción de esta infraestructura podría tomar entre un año y medio y dos años, y aseguró que el impacto en las tarifas sería relativamente bajo.
“El cargo en la tarifa sería mínimo, probablemente entre 5 % y 6 %, y permitiría garantizar que una emergencia como esta no paralice nuevamente el suministro de gas natural en el Perú”, señaló.
Finalmente, Ángelo Alfaro sostuvo que contar con una planta regasificadora permitiría reducir los riesgos frente a eventuales interrupciones en el ducto de gas de Camisea, fortaleciendo la resiliencia del sistema energético nacional.